El Gobierno aprobó ayer los Presupuestos Generales del Estado para
2005, de los que un 50,2% será gasto social, porque, según
manifestaron los dos vicepresidentes, María Teresa Fernández de la
Vega y Pedro Solbes, el objetivo es responder a las necesidades
actuales de los ciudadanos y garantizar la prosperidad futura de
España, con un cambio en el modelo de crecimiento basado en el
incremento de la productividad. En las primeras cuentas del Estado
realizadas por el Ejecutivo del PSOE, los ciudadanos se ahorrarán
175 millones de euros al descontarse la inflación de la tarifa del
IRPF.
Además de la prioridad del gasto social (pensiones, desempleo,
etc.), que crece un 9,5% respecto al de este año, el proyecto de
Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros, que el
vicepresidente económico llevará el martes al Congreso, tiene como
principales objetivos la vivienda y la I+D+i. El 31,8% del gasto se
destinará a actuaciones de carácter general (transferencias a otras
Administraciones, deuda pública, etc.), el 11,7% a servicios
públicos básicos (justicia, defensa, seguridad ciudadana, etc.) y
el 6,3% restante a actuaciones de carácter económico
(infraestructuras, I+D+i o agricultura, entre otras).
La partida que anotará un mayor incremento será la de vivienda,
cuyo gasto crecerá un 32,5% el año que viene, con un total de
878,61 millones de euros, por delante del gasto en I+D+I, que
aumentará un 25,4%, hasta 3.651,94 millones. El presupuesto para
infraestructuras crecerá en 2005 un 9,2%, con 19.351 millones de
euros, mientras que el gasto en educación registrará una subida del
7,9% (2.904,03 millones). Las pensiones, uno de los principales
gastos sociales, verán aumentar su partida en un 7,15%, totalizando
68.904,89 millones de euros.
La decisión de deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en 2005, supondrá un ahorro de unos 175
millones de euros a los contribuyentes españoles. La deflactación
consiste en elevar un 2% (la inflación prevista) la tarifa del IRPF
(los ingresos por los que paga cada contribuyente), con lo que
aumenta la cantidad de dinero que tributa a un tipo más bajo. Desde
el año 2000 no se realizaba esta operación, por lo que Hacienda
recaudaba más por este impuesto a pesar de las reformas de los
gobiernos del PP.
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