La propuesta del Gobierno para que las Comunidades Autónomas puedan
ejercer en el Senado el derecho al veto sobre normas estatales en
defensa de sus «hechos diferenciales» o del «principio de
solidaridad» suscitó ayer diversas reacciones en los partidos
políticos y ejecutivos autonómicos.
El presidente del Senado, Javier Rojo, avaló la reforma, ya que
permitirá a esta institución ser «más eficaz» y adaptarse a la
«realidad» del Estado autonómico.
El ministro Sevilla manifestó que el Gobierno quiere atribuir a
las Autonomías el derecho de veto sobre normas del Estado cuando
consideren que vulneran su lengua, cultura, la insularidad, el
derecho civil y el derecho foral.
Las Comunidades que carecen de esos «hechos diferenciales»
podrán recurrir al veto en defensa del «principio de solidaridad»,
que se materializa en la financiación autonómica.
Angel Acebes, señaló que esta propuesta «genera incertidumbre»,
ya que «estamos hablando de algo de muy graves consecuencias», que
puede significar «un cambio profundo» tal y como está establecido
el modelo constitucional español.
En similares términos se expresó el portavoz del Grupo Popular
en el Senado, Pío García Escudero, quien afirmó que la propuesta
expresa el «desconocimiento y la desorientación del Ejecutivo,
además de ser una falta de respeto hacía el resto de partidos
políticos».
Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión Constitucional del
Congreso, Ramón Jáuregui, afirmó que el Gobierno «va a abrir
puertas de enorme esperanza a cambios muy importantes» y un «debate
profundo» sobre las reformas autonómicas. En opinión de CiU «suena
a buena música» y representaría «un avance importante», dijo su
portavoz en el Senado, Pere Macias, quien advirtió que al final
puede acabar «defraudando las expectativas».
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