Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero se reunieron ayer por vez primera en el Palacio de la Moncloa.

Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero se reunieron ayer por vez primera en el Palacio de la Moncloa.

EfeMadrid25/05/04 0:00
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, iniciaron ayer el diálogo sobre la reforma de la Constitución y los Estatutos de autonomía subrayando su disposición al acuerdo aunque constatando sus discrepancias, esencialmente en materia de procedimiento.

Gran parte de la reunión estuvo dedicada a la reforma de los Estatutos de autonomía, un asunto en el que Zapatero considera que la primera palabra deben tenerla los Parlamentos de las CCAA y, la última, la Constitución. Además, Zapatero cree que no tiene que haber un «tope previo» en las aspiraciones de las Comunidades e intuye que se asistirá a una serie de «iniciativas generalizadas» de reforma, «pero no idénticas», por lo que no tiene sentido el «modelo fotocopiadora» y pretender una uniformidad de los Estatutos.

Rodríguez Zapatero y Rajoy se reunieron ayer por vez primera en el Palacio de la Moncloa en una entrevista «cordial» de casi dos horas en la que además trataron la modificación de la financiación autonómica, la lucha antiterrorista, la situación en Irak y las negociaciones de la futura Constitución europea.

Por contra, Rajoy consideró que antes de iniciar el proceso, el Gobierno debe establecer y acordar de antemano el objetivo, procedimiento y plazos de las reformas, por lo que, en conferencia de prensa, lamentó que Zapatero no le haya presentado «propuestas ni contenidos» sobre lo que pretende.

Para el secretario general del PP, el «tema capital» es que las competencias del Estado las deben fijar el Estado y las Cortes Generales por consenso, y que «no es aceptable» que las fijen los Parlamentos autonómicos.

Planteó que cualquier reforma de Estatutos debe hacerse con «una perspectiva global» que abarque a todas las autonomías y no imponga asimetrías; debe enmarcarse en los límites de la Constitución y seguir el criterio que acuerden las Cortes Generales.