José Luis Rodríguez Zapatero, junto al primer ministro de Portugal, José Manuel Durao Barroso.

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El nuevo Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, va a triplicar el número de fiscales de la Audiencia Nacional dedicados específicamente a la lucha contra el terrorismo islámico. Esta es la principal decisión que se adoptó en la reunión que mantuvo Conde-Pumpido con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. En este encuentro también se estudió la posibilidad de crear una oficina específica para este grupo de fiscales, que facilite las investigaciones y la cooperación con sus homólogos de otros países.

Estos seis fiscales son Olga Sánchez, Pedro Rubira, Jesús Alonso, Jesús Santos, Ignacio Gordillo y Javier Balaguer. Sánchez es la fiscal que se ha encargado desde el principio, junto al juez Juan del Olmo, de los atentados del 11-M, y que previsiblemente a partir de ahora se centrará en esta matanza, en la inmolación de siete terroristas en Leganés y al intento de atentado contra el AVE. Rubira y Alonso eran los dos fiscales que ya se estaban ocupando del terrorismo islámico en la Audiencia Nacional.

Conde-Pumpido tomó posesión como Fiscal General del Estado el pasado 27 de abril, y en su discurso se comprometió a reforzar el área de la Fiscalía dedicada al fundamentalismo islámico. La reunión con Fungairiño ha servido para dar cumplimiento a esa promesa. A partir de ahora serán seis los fiscales que se ocupen de este tipo de terrorismo en la Audiencia Nacional, por los dos que actualmente desempeñan esa función.

El Fiscal General tomó la decisión de reforzar este grupo en una reunión de dos horas en la que, además de Fungairiño, también estuvieron presentes el teniente fiscal, Jesús Santos, el fiscal Pedro Rubira, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Manuel Marchena.

Una de las prioridades de la lucha contra el terrorismo islámico será el aumento de la información. Según fuentes de los asistentes, se habló de la posibilidad de crear una infraestructura propia para este grupo de fiscales, incluso una oficina específica, para facilitar sus investigaciones y la cooperación con los fiscales y la justicia de otros países.