La Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder
Judicial y el Ministerio del Interior sentaron ayer las bases de un
protocolo de actuación para reforzar y extremar las medidas de
protección a las víctimas de violencia de género y coordinar más
eficazmente a fuerzas policiales y órganos judiciales.
Uno de los fines del protocolo es «dar una respuesta tajante,
rápida y urgente ante el incumplimiento» de las medidas cautelares
dictadas por un juez y «que se activen las mecanismos contemplados
ya en la ley», manifestó la juez.
Tras entrevistarse con el secretario de Estado de Seguridad,
Antonio Camacho, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de
Género, Montserrat Comas, explicó que la urgencia de esta reunión
se debe a los tres casos de violencia mortal contra mujeres
registrados la semana anterior, cuyos agresores incumplieron las
órdenes de alejamiento que sobre ellos pesaban.
Además, añadió, se trata de «sentar las bases de coordinación
entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las fuerzas
autonómicas y las policías locales», en el caso de que la futura
Ley Integral contra la Violencia de Género decida que la policía
municipal «entre a formar parte de esta importante tarea de control
y cumplimiento de las órdenes de protección».
En la reunión se abordó también el «interés de estudiar de qué
forma priorizar las órdenes de protección a efectos de que haya una
respuesta policial adecuada en aquellos casos donde exista un
determinado nivel de riesgo». «Graduar distintas respuestas
policiales, de vigilancia y de protección, individualizando caso
por caso y priorizando aquellos donde haya mayor riesgo»,
puntualizó.
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