Jesús Cardenal saluda al Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, en El Escorial.

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EUROPA PRESS/EFE-MADRID
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se mostró ayer partidario de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, ya que, según dijo, todos los fiscales están capacitados para desarrollar todas las actuaciones que con arreglo al ordenamiento jurídico español tienen que llevar a cabo. Cardenal hizo estas declaraciones en RNE en las que dejó claro que la supresión de la Fiscalía Anticorrupción es una decisión que compete al Gobierno, ya que «el Gobierno la crea y el Gobierno es el que es capaz de suprimirla», y también aclaró que «nadie que deba tomar esa decisión» le ha pedido opinión al respecto.

Los portavoces de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), José Antonio Martín Caro y Antonio Camacho, respectivamente, consideraron ayer necesaria la existencia de una Fiscalía Anticorrupción dado el carácter especial de los delitos que investiga. Por su parte, el diputado Diego López Garrido, miembro de la Ejecutiva del PSOE, declaró que la posición de Cardenal de suprimir Anticorrupción se debe a que, en el 95% de los casos, las investigaciones de dicha institución son por asuntos de corrupción que implican al PP o al propio Ejecutivo. «Cardenal es la voz de su amo, en este caso el Gobierno, y cuando dice eso confirma que es un fiscal político y que quieren cargarse Anticorrupción porque no tienen intención de luchar adecuadamente contra la corrupción, especialmente la relacionada con la especulación inmobiliaria, porque las investigaciones perjudican al PP», precisó. El líder de IU, Gaspar Llamazares, acusó a Cardenal, de pretender acabar con la Fiscalía Anticorrupción e intentar «obstaculizar o impedir la investigación judicial de la trama inmobiliaria y política que está detrás» de «los tránsfugas Tamayo y Sáez».

Preguntado por su opinión, manifestó que «debían de suprimirla, en el sentido de que los fiscales estamos capacitados en principio para todo, quiero decir, para todas las actuaciones que con arreglo al ordenamiento jurídico español tienen que llevar a cabo». «Esto dicho -matizó-, es cierto que la sociedad se va haciendo cada vez más compleja. Esa complejidad se traduce en el ordenamiento jurídico en distintas especialidades y es verdad también que no todo fiscal, aunque tenga una gran preparación, como la tienen los jueces, pueda en todo momento hacer frente con la misma solvencia a un asunto, por ejemplo, relativo a la anticorrupción o a un asunto del medio ambiente o a un asunto de menores o de familia». Cardenal también fue preguntado por la idoneidad del fiscal Antonio Salinas para sustituir a Carlos Jiménez Villarejo como fiscal jefe Anticorrupción y manifestó que Salinas «es un buen fiscal, un fiscal competente y tiene prestigio dentro de la carrera». En este sentido, valoró como «muy positivo» que fuera «de su sección el único que defendió la postura de que no era procedente citar al señor Piqué en el caso Ercros como imputado y añadió que «el juez le ha dado la razón, porque el juez ha archivado el caso».