OTR PressMadrid20/05/03 0:00
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El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció ayer que el Ejeuctivo aprobará este viernes una nueva reforma de la Ley de Extranjería para actualizar la vigente, «favorecer la inmigración legal y fortalecer la lucha contra la ilegal». Entre las modificaciones se contempla que el visado implique automáticamente permiso de trabajo y residencia y además se introducirán los cambios para que la ley se adapte a la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba 13 preceptos del Reglamento.

Entre estos preceptos anulados se encuentra el internamiento de inmigrantes a los que se les haya abierto un procedimiento de devolución, y la posibilidad de aplicar el procedimiento de devolución a inmigrantes en ruta o tránsito por España. Además anula la posibilidad de que el Ejecutivo pueda eximir del visado de residencia a los cónyuges de españoles, comunitarios y extranjeros residentes sin que se necesite acreditar un año de convivencia en España, tal y como está establecido en la actualidad.

Además se reforzarán los procedimientos de expulsión y control de extranjeros que accedan ilegalmente, se fortalecerá el cuadro de sanciones para los inmigrantes ilegales y se aumentarán las condiciones para los transportistas.

En opinión de Aznar, la política de inmigración debe basarse en tres criterios: que acoger a miembros de sociedades menos favorecidas es «un acierto profundo»; que es «imprescindible» ser muy consciente de que la capacidad de acogida «no es ilimitada», por lo que son precisos «estrictos controles», y que la única forma admisible de entrar «debe ser respetando la ley».

Estas modificaciones se suman a las que tendrá que hacer el Ejecutivo para adaptar la legislación a la sentencia que emitió el Tribunal Supremo anulando 13 puntos del reglamento de la Ley de Extranjería. El fallo obliga a hacer la modificación antes del 9 de junio, aunque la ley no verá la luz hasta el próximo período de sesiones, tras la tramitación parlamentaria del texto, lo que hace que en la actualidad los preceptos anulados, que el Ejecutivo pretende elevar a rango de ley, no sean de aplicación.