La Demarcación de Menorca del Colegio Oficial de Arquitectos de
Balears (COAIB) no quiere más filtraciones a la prensa sobre la
tramitación de los expedientes abiertos a los profesionales
implicados en el 'caso Villarubí': los técnicos municipales de los
Ayuntamientos de Maó y Ciutadella, Francesc Vilarrubí y José Luis
Casasnovas, así como sus firmones Nando Pons Vidal y Roberto Marín,
que se ampliaron después al arquitecto catalán Joan Vigorós y al
técnico de Es Castell, Joan Josep Tomàs Saborido.
La delegación menorquina ha recordado a sus colegiados a través
de una circular que deben abstenerse de difundir información al
exterior sobre el estado de los expedientes incoados a los seis
profesionales implicados y respetar, asimismo, la presunción de
inocencia de los técnicos investigados.
Los nuevos estatutos aprobados recientemente por el COAIB
aportan la base de esta petición, que pretende, por encima de todo,
evitar nuevos escándalos mientras dure el proceso.
El artículo 89.6 del nuevo marco estatutario del que se han
dotado los arquitectos señala, textualmente, que «en tanto un
expediente no estuviere concluso y la imposición de una sanción no
sea firme, deberán ser respetados todos los derechos del colegiado
interesado, incluso el de la no difusión, ni accidental, ni
intencionada, de la sanción impuesta, ni siquiera del hecho de
estar sometido a expediente disciplinario».
La propuesta de sanción redactada por los instructores Pedro
Ríus y Mariano Barceló contempla la inhabilitación de un año para
el ejercicio de la profesión a los técnicos municipales de Maó,
Francesc Vilarrubí, y Ciutadella, J. L. Casasnovas, y sus firmones
Nando Pons y Roberto Marín.
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