El ministro de Justicia, José María Michavila, recibió el fallo como una excelente noticia.

TW
0

La Ley de Partidos Políticos, que ha provocado las demandas de ilegalización contra Batasuna presentadas por al Fiscalía y la Abogacía del Estado, es plenamente constitucional. Así lo dictaminó ayer por unanimidad el Tribunal Constitucional, al rechazar el recurso que presentó el Gobierno vasco tras la reforma de La ley que impulsaron Gobierno y PSOE. El texto de la sentencia se conocerá hoy mismo. El presidente del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, ha sido el ponente de una sentencia que ya ha sido comunicada a las partes, aunque todavía no está en su poder. El texto íntegro de la resolución junto con sus fundamentos jurídicos se hará público hoy.

Fuentes del Alto Tribunal aseguraron que esta sentencia rechaza la tesis del Gobierno vasco de que los partidos políticos no requieren de una legislación específica, al margen de la regulación de las asociaciones. El Constitucional establece que las formaciones políticas son asociaciones cualificadas con las funciones especiales que les otorga el artículo 6 de la Constitución, lo que les hace precisar de una legislación específica.

El Gobierno vasco presentó el recurso de inconstitucionalidad el pasado 27 de septiembre. Los principales argumentos que utilizó fueron que el texto legal fuerza en extremo el principio de separación de poderes y que restringe derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, como los de asociación política, libertad ideológica y participación en los asuntos públicos.

No es éste el primer revés que sufre el Gobierno vasco en su oposición a la Ley de Partidos. En noviembre de 2002, el Constitucional rechazó una primera recusación del Ejecutivo autonómico contra Jiménez de Parga. Los partidos que lo sustentan no consideraban apto para dictaminar la Ley de Partidos Políticos al presidente del Tribunal por referirse a la constitucionalidad de la norma. Hace un mes, el pleno del Constitucional rechazó por seis votos a cinco la segunda recusación presentado por el Ejecutivo autonómico vasco contra Jiménez de Parga.