Los representantes de sindicatos portugueses, franceses y
españoles, reunidos ayer en A Coruña para analizar las causas y
consecuencias del vertido del 'Prestige', exigieron la adopción de
un plan global para la seguridad marítima y acusaron al Gobierno
español y a la UE de «desidia» en la gestión del problema, además
de «cobardía» ante los poderes económicos.
Al respecto, el secretario general de UGT, Cándido Méndez,
insistió en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a la
«restitución económica y social de Galicia». También aludió a la
«incompetencia» mostrada por Gobierno y UE, así como a la «falta de
información y de respuestas inmediatas». Asimismo, exigió recursos
económicos «específicos que deben se financiados por la UE y el
Estado español» y recordó que la catástrofe «habría sido evitable»
si se hubieran cumplido y adoptados las normas de la Comisión
Europea, conocidas como Erika 1 y Erika 2.
Mientras, el secretario general de CC OO, José María Fidalgo,
reclamó la creación de una agencia de seguridad marítima y denunció
la falta de planes de emergencia, a la vez que calificó de «cobarde
e ineficaz» la gestión del problema por parte de las autoridades.
Sobre ésta y otras catástrofes, Fidalgo añadió que «no es casual la
ausencia de regulación donde hay negocio» y consideró que, a pesar
de esta situación «lo raro es que sucedan tan pocas veces» hechos
de este tipo.
Por otra parte, La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
ha pedido al Ministerio de Economía la ejecución en la comunidad
autónoma de inversiones públicas en infraestructuras y
comunicaciones, a modo de compensación por las pérdidas que el
siniestro del Prestige provocará en el PIB gallego desde hace un
mes hasta no se sabe cuanto tiempo.
El presidente de la CEG, Antonio Fontenla anunció que tras la
reunión con el ministro de Economía, Rodrigo Rato, la patronal
gallega ha acordado elaborar un listado con aquellas inversiones
más interesantes para la comunidad. En él figurarán la ejecución de
proyectos de puertos exteriores pendientes, el adelantamiento de
los plazos de la autovía Transcantábrica o la mejora de la red de
suministro eléctrico. Además se planteará la modernización de la
red viaria en determinadas comarcas y la instalación de parques
empresariales que permitan la diversificación económica de las
zonas afectadas.
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