El Congreso condena de forma unánime el franquismo

Expresa su reconocimiento moral a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión en la dictadura de Franco

| Madrid |

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Felipe Alcaraz (d), de IU, José Núñez (c), del Grupo Mixto, y Diego López Garrido, del PSOE.

Felipe Alcaraz (d), de IU, José Núñez (c), del Grupo Mixto, y Diego López Garrido, del PSOE.

El acuerdo, alcanzado en el seno de la comisión Constitucional de la Cámara Baja coincidiendo con el 20-N, incluye una «condena y repulsa» del uso de la violencia «para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos». Los partidos, cuyos portavoces destacaron que este acuerdo se produce veintisiete años después de la muerte de Franco, incluyen en la resolución que este esfuerzo de reconocimiento no debe servir «para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil».

El texto final es el resultado de la negociación de todos los grupos en torno a las iniciativas presentadas por PSOE, IU y Eusko Alkartasuna (EA) y de la enmienda presentada por el PP a las mismas y debe suponer, según el portavoz de este grupo en el debate, Manuel Atencia, el «punto final del rosario de iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión». La resolución se estructura en cuatro puntos: la condena del uso de la violencia para imponer ideas políticas, el mantenimiento del espíritu de concordia y reconciliación que supuso la Constitución de 1978, el reconocimiento de las víctimas y el apoyo institucional a las iniciativas para recuperar su memoria y el impulso de la política de ayudas a los exiliados.

Respecto a esta última cuestión, se incluye por primera vez a los denominados «niños de la guerra» que hasta ahora no son considerados oficialmente exiliados y se apuesta, además de por la protección económica y social, por iniciativas como la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española y el reconocimiento del derecho de voto. Otro de los puntos destacados es el apoyo institucional a las iniciativas destinadas a la exhumación de cadáveres no identificados de la Guerra Civil, que yacen en fosas comunes por todo el territorio español y que los expertos cifran en cerca de 30.000.

La forma en que se recoge en la resolución final parte del «deber de la sociedad democrática» de proceder al reconocimiento moral de «todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista». «Instamos "señala el texto" a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil».

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