La compañía Iberia canceló ayer 18 vuelos a pesar de que sobre las
cinco de la madrugada del viernes fue finalmente subsanada la
avería registrada tras el incendio en La Muñoza (Madrid) que
inhabilitó sus sistemas informáticos. El PSOE cree que los
incidentes en el servicio de la compañía aérea que tanto están
afectando a los usuarios radican en la «oscura» privatización de la
empresa realizada por el Partido Popular.
Los servicios de reservas, facturación y embarque de los vuelos
de Iberia dejaron de hacerse manualmente a partir de las 5:55
horas, cuando la aerolínea logró restablecer el sistema informático
casi 21 horas después del incendio en uno de los cuadros de
distribución de energía de sus ordenadores centrales en La Muñoza,
cerca del aeropuerto de Barajas.
Una vez restablecido su sistema informático y tras haber
cancelado 56 vuelos, el 4'5 por ciento del total de los
programados, Iberia anuló ayer otros 18 vuelos. En la mayor parte
de los casos se trata, según la aerolínea, «de vuelos cuyo trayecto
de ida fue cancelado el jueves y no se pudieron operar ayer desde
su destino o bien que se cancelaron para no sobrepasar las horas de
actividad de las tripulaciones».
Según la aerolínea no se están registrando retrasos
significativos, y salvo en casos puntuales, los pasajeros estaban
embarcando con normalidad. La facturación se efectúa ya por
ordenador y el 80% de los vuelos operan con puntualidad. Iberia
asegura que periódicamente se están produciendo cortes en el
sistema informático para actualizar los datos que no pudieron
gestionarse el jueves. Estos cortes son, según Iberia, puntuales y
no duran más que unos minutos. En esos momentos la facturación y el
embarque se hacen a mano.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera,
explicó que desde la privatización de la compañía se vienen
produciendo graves deficiencias en el servicio, retrasos
sistemáticos, incidentes y pérdida constante de maletas. En su
opinión, los gestores de Iberia, han optado por rebajar las
inversiones en mantenimiento, reducir personal y rutas. En este
contexto, recordó que el Gobierno tiene la obligación de
desarrollar inspecciones de seguridad y también el servicio público
que presta la compañía, lo cual no está cumpliendo.
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