El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, negó ayer
que el Ejecutivo se haya planteado la suspensión de la autonomía
vasca. La posibilidad de esa medida, a consecuencia de la actitud
de las instituciones del País Vasco ante la decisión judicial de
suspensión de las actividades de Batasuna, motivó ayer una serie de
declaraciones que alertaron de sus posibles consecuencias.
Mariano Rajoy negó que el Gobierno se haya planteado la
suspensión de la autonomía y subrayó su disgusto por los intentos
del Ejecutivo de esa Comunidad de transmitir la idea de que están
siendo «agredidos». El vicepresidente del Gobierno añadió que el
Ejecutivo «no ha planteado en ningún lugar, ni debatido, ni puesto
sobre la mesa el asunto» de la suspensión de la autonomía vasca,
una posibilidad prevista en el artículo 155 de la Constitución. No
obstante, apuntó la conveniencia de que la Mesa del Parlamento
vasco «reflexione y reconsidere» su decisión.
Por parte del Gobierno vasco, Ibarretxe aseguró que responderá
«sin nerviosismo y desde la legalidad» a los «excesos políticos y
jurídicos» y, ante las voces que sugieren suspender la autonomía,
advirtió de que el autogobierno «no depende de lo que unos señores
decidan en Madrid» ni de ETA. Reiteró que el autogobierno sólo
dependerá «de la voluntad de los vascos y de las vascas» y
arremetió contra ETA por suponer una «lacra inmensa» que «mata al
pueblo vasco por dentro y también la imagen que tiene fuera».
El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, afirmó que la
adopción por parte del Gobierno de medidas excepcionales respecto
al País Vasco sólo beneficiaría a los «radicales» y a quienes
«practican la violencia». Además, dijo que en la reunión celebrada
el jueves entre el PSOE y el Ejecutivo, él no sacó la impresión de
que el Gobierno «fuera a adoptar ninguna medida extraordinaria» en
la autonomía vasca.
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