En una reunión mantenida ayer entre Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Sanidad y Consumo para buscar soluciones al 'caso
Opening', se pidió al Ministerio que medie entre las entidades
financieras y los centros de idiomas para lograr que se sigan
prestando servicios de forma similar a la contratada por los
consumidores. Mientras, los bancos han comenzado a reclamar a los
matriculados que decidieron no abonar el último recibo el pago de
la deuda y amenazan con incluirles en las listas de morosos.
En la reunión, a la que acudieron los directores generales de
Consumo de las comunidades autónomas y representantes del
Ministerio, se acordó también que el Departamento que dirige Ana
Pastor inste a los bancos para que suspendan la ejecución de
préstamos pendientes y no incorporen a los usuarios en registros de
impagados hasta encontrar una solución.
Las autonomías también quieren que el Ministerio pida al Banco
de España que estudie los contratos de crédito suscritos por los
alumnos afectados y remita al Ministerio Fiscal la información
existente para, en su caso, abrir las correspondientes diligencias
penales.
Por su parte, las comunidades autónomas continuarán controlando
los centros dependientes de Opening y ejecutando todas las
potestades administrativas, y se comprometieron a recoger y ordenar
las reclamaciones de los alumnos. Éstas expresaron, asimismo, su
interés por buscar soluciones para los afectados por el cierre de
la academia de inglés, tras valorar «positivamente» el trabajo de
las asociaciones y el consejo de consumidores.
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