Rafael Larreina, portavoz de EA en la Cámara vasca, justificó la
iniciativa y aseguró que la «clave» de la inconstitucionalidad
radica en que la Ley de Partidos -con cuya aplicación el Gobierno y
la Fiscalía General del Estado persiguen la ilegalización de
Batasuna-, «ataca principios básicos» recogidos en la Constitución,
como «la libertad ideológica, la libertad de asociación y la
presunción de inocencia».
En concreto, hacen referencia a los artículos 9; 10-2 b) y c);
artículo 10 apartados 5 y 6; artículo 11 apartados 1, 2 y 3;
Disposiciones Adicionales primera y segunda; así como cualquier
otro artículo que tenga conexión, relación, o dependencia con los
expresamente aquí citados.
PNV y EA justifican la medida recordando que en la sesión
plenaria del pasado 17 de mayo, la Cámara vasca ya expresó que, por
coherencia democrática, la defensa de las libertades y derechos
fundamentales debía garantizarse «con independencia de la simpatía
o el juicio político que a unos u otros pueda merecer el titular o
titulares de esos derechos y libertades». En ese sentido, se ponía
de manifiesto que los procesos de ilegalización de organizaciones
políticas «afectan directa y restrictivamente a derechos y
libertades tan relevantes como la libertad ideológica, de
expresión, de asociación o de participación ciudadana».
Para el coordinador de Comunicación del PP, Rafael Hernando, la
iniciativa de PNV y EA, en el gobierno vasco junto a IU, «demuestra
la voluntad clara» de sus dirigentes «de sustentar Batasuna
convirtiéndose en los abogados defensores del brazo político de
ETA». El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, vaticinó
que aunque PNV y EA logren la mayoría suficiente para su petición
de que el Parlamento Vasco presente un recurso ante el
Constitucional contra la Ley de Partidos, ese recurso «está abocado
al más estrepitoso de los fracasos», ya que, a su juicio, esa norma
«pasa todos los filtros de legalidad».
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