El Gobierno y la Fiscalía del Estado presentaron ayer ante el
Supremo sendas demandas en las que piden ilegalizar Batasuna por
ser la «prolongación de ETA en la política» y vulnerar la nueva Ley
de Partidos, y para acabar con el asedio de los «nazis» de esta
formación abertzale. La demanda interpuesta por el Gobierno es «sin
duda la demanda de nuestra democracia» contra el terrorismo,
aseguró el ministro de Justicia, Jose María Michavila, mientras que
la del Ministerio Público pretende, en palabras del fiscal general,
Jesús Cardenal, liberar a Euskadi del asedio «de los nazis de un
partido que se llama Batasuna».
Para el ministro de Justicia, la documentación presentada con la
demanda demuestra que Batasuna es la «prolongación de ETA en la
política», y «que la organización política se nutre en buena medida
de miembros de la organización terrorista que han sido condenados
por pertenecer a la banda armada y por la comisión de delitos de
terrorismo». «Especialmente gravoso para todos los demócratas
resulta ver cómo se exalta al secuestrador de Ortega Lara de forma
oficial en un Ayuntamiento o cómo se cuidan por parte de las
autoridades municipales monumentos en favor de los terroristas de
ETA».
El ministro afirmó que «ya era hora de que quede fuera del
ordenamiento jurídico quien utiliza la democracia precisamente para
socavar la democracia, para chantajear y amenazar a los
demócratas». La demanda, añadió Michavila, es una decisión «con una
clara consecuencia, dar dignidad a la democracia española», además
de acabar con la impunidad de quienes la utilizan para luchar
contra ella. «Venimos al Supremo a liberar de ese asedio a esa
parte de España», dijo el fiscal en alusión al País Vasco y en
respuesta al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, quien calificó de
«estrategia genocida» las actuaciones contra su formación y dijo
que Euskal Herria se iba a convertir «en el Stalingrado político»
de Aznar.
«El asedio en este caso es de los nazis de un partido que se
llama Batasuna», señaló Cardenal, quien añadió que «con esto queda
claro el contenido, la esencia y la finalidad de este escrito de
demanda». Los mil elementos probatorios en los que se sustenta la
demanda interpuesta por el Gobierno están contenidos en 10.000
folios agrupados en 26 carpetas con diferentes dossiers, entre los
que figuran 194 expedientes personales de cargos y candidatos de
Batasuna con antecedentes por terrorismo y el que contiene más de
cien fotografías de 32 municipios en los que se exalta a ETA.
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