Gobierno, PP y PSOE coincidieron ayer en que el auto en el que el
juez Garzón inicia los trámites para la suspensión de actividades
de Batasuna es perfectamente compatible con la iniciativa
parlamentaria para la ilegalización de la formación abertzale. El
PNV consideró tras conocer el auto que tiene la impresión de que
hay «un pugilato para ver quién llega antes a la ilegalización de
Batasuna», mientras que Izquierda Unida señaló que el auto
demuestra que la vía penal es «suficiente» para actuar contra ETA y
sus apoyos y de que la Ley de Partidos sería «inútil».
Garzón, en un auto dictado ayer, considera que se da una
«integración aparente» de Batasuna «en el complejo terrorista
liderado por ETA-KAS-EKIN», y da tres días de plazo al fiscal para
que se pronuncie. Fuentes del Gobierno expresaron su respeto por la
decisión judicial y destacaron que en el auto del magistrado de la
Audiencia Nacional «hay muchas coincidencias» con lo que el
Gobierno piensa sobre la relación entre ETA y Batasuna.
El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando
López Aguilar, celebró la decisión del juez y, al igual que el
Gobierno, consideró que no interfiere en la vía abierta ayer por el
Congreso para pedir la ilegalización de esta formación en
aplicación de la Ley de Partidos. López Aguilar también aseguró que
la iniciativa del juez y la propuesta parlamentaria constituyen
«cauces distintos» porque Garzón busca una condena penal, mientras
que el Parlamento quiere conseguir que Batasuna sea declarado
«incompatible con los principios democráticos» de manera que «no
merece disfrutar de los beneficios que las leyes establecen para
los partidos».
También el PP estimó que el procedimiento penal iniciado por
Garzón es «distinto» pero «compatible perfectamente» con el proceso
de ilegalización a través del Parlamento previsto en la Ley de
Partidos y ambos «pueden transcurrir en paralelo». A juicio del
diputado del PP en el Congreso José Antonio Bermúdez de Castro, lo
positivo es que el Estado de Derecho reaccione con las dos vías:
con la Ley de Partidos cuando una formación política justifica el
terrorismo y con el Código Penal cuando es un instrumento para
cometer delitos. Explicó que los resultados de los dos
procedimientos son distintos: el basado en el Derecho penal podría
dar lugar a la suspensión definitiva de un partido, que incluiría
también penas privativas de libertad para sus dirigentes.
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