De nuevo se revuelven las aguas en materia de extranjería. El
anuncio del ministro del Interior, ayer martes, de modificar la Ley
de Extranjería se hizo ayer más concreto por las declaraciones de
Fernández Miranda, que avanzó algunos puntos sobre los que trabaja
el Ejecutivo. Este posible giro en política migratoria coincide
además con un endurecimiento de las leyes sobre la materia de
diferentes estados europeos.
Precisamente el martes Italia aprobaba una norma que endurece
notablemente las condiciones para la permanencia de los extranjeros
en el país. Lo más llamativo es que los inmigrantes que no tengan
trabajo serán expulsados. Según el avance que hizo el delegado del
Gobierno, no parece que el Ejecutivo vaya a llegar tan lejos.
Fernández-Miranda explicó que en principio se plantea un
endurecimiento de las condiciones para que un ilegal regularice su
situación y un aumento de penas para los traficantes de personas.
En la actualidad un extranjero 'sin papeles' puede normalizar su
situación después de haber pasado en España cinco años, o tres en
casos especiales.
Fernández-Miranda aseguró que el Ejecutivo quiere «hacer
desaparecer de ella los pocos rasgos que aún tiene que favorecen la
existencia de los ilegales, clandestinos, que siguen llegando en
cantidades inasumibles, que siguen abusando de los países de
destino y sin la colaboración de los gobiernos de sus países».
Estas dos medidas cerrarían por completo la posibilidad de que
un inmigrante que entra en España de manera ilegal obtenga algún
día su regularización, salvo por razones humanitarias o
circunstancias excepcionales.
El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Mariano
Rajoy, señaló por su parte que la reforma de la Ley de Extranjería
es un asunto «muy serio» cuyo principal objetivo es apostar por el
fomento de la inmigración legal y ser «contundente» con la
ilegal.
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