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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional en la que apoya el archivo de la querella contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que decidió el Supremo y pide a los políticos respeto a las decisiones judiciales.

Las reacciones más virulentas fueron las efectuadas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y la del ministro de justicia, Angel Acebes. La declaración, no obstante, no hace referencia a ninguno de los dos.

El máximo órgano judicial considera que el desarrollo de las tareas de juez precisa de un clima de serenidad que dificultan declaraciones como las de Aznar o Acebes, siempre sin mencionarles. «Producen un inmerecido efecto deslegitimador de la función jurisdiccional y, por extensión, de la labor de los jueces en su conjunto», asegura el CGPJ. «Es indispensable que los comentarios que se refieren a los autos y sentencias, sobre todo cuando procedan de responsables políticos, se muevan en las coordenadas de respeto institucional que deben presidir las relaciones entre los poderes públicos, y que dichas críticas tengan siempre presente aquella única sujeción a la Ley que corresponde a los juzgados y tribunales», continúa el texto.

El CGPJ no sólo exigió a la clase política una reflexión, sino que mostró su «reconocimiento al Supremo en el ejercicio de su fundamental tarea jurisdiccional, tarea que permite tanto el desarrollo y evolución de los adecuados criterios en la conformación de nuestra jurisprudencia, como la más serena administración de Justicia».