Bruselas obligará a desguazar unos 1.300 pesqueros en España

Las cifras de desguace, según la propia Comisión, son estimaciones, porque las propuestas no obligan a desguazar un determinado número de buques, sino que ofrecen incentivos para ello, con el fin de reducir la pesca entre un 30 y un 60 por ciento, dependiendo de las distintas especies y caladeros. El comisario de Pesca, Franz Fischler, propone prohibir todas las ayudas públicas destinadas a aumentar la capacidad de los buques, a crear sociedades mixtas con terceros países y a exportar barcos a otros caladeros fuera de la UE. Así, los fondos que están asignados a estos objetivos en el IFOP, el fondo estructural para la pesca, podrán reprogramarse y destinarse a incentivos al desguace.

Bruselas propone también un fondo adicional de 272 millones de euros para el periodo 2003-2006. Los buques que tengan que reducir su actividad más de un 25 por ciento tendrán derecho a una prima de desguace un 20 por ciento más elevada. En cuanto a las consecuencias para el empleo en el sector, Bruselas propone reprogramar los fondos asignados en el IFOP a modernización y renovación de flota, lo que permitiría destinar 460'6 millones de euros a la reconversión de empleos. La Comisión estima también que en el futuro podrían ser necesarios otros 88 millones de euros para ayudas sociales.

Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, la batalla política sobre esta reforma será de largo recorrido. Su resultado dependerá en gran medida de la colaboración entre los países «amigos de la pesca», España, Francia, Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, quienes pueden frenar la propuesta de la Comisión Europea si no se ajusta a sus reivindicaciones. «Será un proceso largo que durará más de seis meses con toda seguridad», afirmó Arias Cañete, quien reiteró en el Congreso que «España aboga por una política equilibrada y formará las alianzas suficientes con otros Estados miembros para configurar una política equilibrada». El anterior borrador de la Comisión fue bloqueado y rechazado por España, al considerar que no se ajustaba a la realidad del sector pesquero español.

Desde España, el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, auguró una larga batalla política entre los países pesqueros de la UE y los que no lo son y se mostró confiado en que el resultado final sea bueno para el sector pesquero español. El PSOE calificó de «reforma desguazadora» las propuestas que denunció «sacrifican» los principios de la cohesión económica y social en la Unión. El portavoz de pesca del Grupo Popular Europeo, Daniel Varela Suanzes, calificó de «error histórico para la pesca europea» las propuestas.

Los portavoces de Pesca del Partido Popular Europeo (PPE) y del Partido Socialista Europeo (PSE) en el Parlamento Europeo rechazaron también la propuesta. Ambos grupos coincidieron en señalar que la Comisión Europea se «ha alejado» de los intereses del mundo pesquero a la hora de presentar sus propuestas. Francia considera que la propuesta no da ninguna perspectiva de futuro al sector pesquero y la considera inaceptable para sus intereses. Portugal está dispuesto a vetar la propuesta de reforma al considerar que el fin de los apoyos a la modernización de la flota y construcción de nuevas embarcaciones afecta gravemente a sus intereses.