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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del «caso BBV», acordó ayer desestimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la no imputación del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y del consejero delegado del banco, José Ignacio Goirigolzarri, en esta causa. En un auto, el magistrado señala que «apoyarse en la sola declaración» del testigo protegido Nelson Rodríguez para imputar a Ponga puede ser «arbitrario o, cuando menos, arriesgado».

Garzón contesta con dureza al escrito del fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez Madero, contra quien arremete por pretender arrogarse «la exclusividad de determinar quién sí y quién no deben ser llamados como imputados a esta causa». A su vez, afirma que el fiscal no reseñó «el detrimento y gravamen que tal convocatoria "la imputación de Rodríguez Ponga" supone, cuando la acusación o mención en la que se basa la petición, y tendría que hacerlo la decisión, es falsa, inexacta o inconsistente.

Garzón señala que, siguiendo la tesis del fiscal, sería necesario conferir la cualidad de imputada a «cualquier persona, sea pública o privada, con cargo o sin él, que simplemente apareciera citada en una causa». «Es decir, sería una arbitrariedad imputar a una persona, respecto de la cual el testigo efectúa unas manifestaciones genéricas, inconsistentes y sin fiabilidad contrastada, como después se ha comprobado no sólo por la declaración de Rodríguez Ponga, sino también por la documentación aportada por el banco».

En este sentido, el magistrado considera relevante que Rodríguez Ponga saliera del BBV en febrero de 1997, mientras que la fecha del Manual de Productos Fiduciarios, cuya autoría era atribuída al secretario de Estado de Hacienda por el testigo protegido, es de diciembre de ese año. Del mismo modo, señala a la declaración como testigo efectuada ayer por Manuel López López, ex consejero-director general del BBVA Privanza Bank Jersey, que indicó que Ponga no elaboró dicho manual.