El acuerdo PP-PSOE sobre la Ley de Partidos se plasmó ayer en el
pleno del Congreso en el voto conjunto de sus diputados, junto a
los de CC y el del Partido Andalucista, contra las siete enmiendas
de la oposición que pedían la devolución del texto al Gobierno y
advertían del riesgo de favorecer a ETA. En el debate sobre las
enmiendas, el ministro de Justicia, Angel Acebes, arremetió contra
los nacionalistas vascos, a los que acusó de no hacer nada contra
la banda terrorista ETA y de intentar «impedir o deslegitimar»
todos los esfuerzos de los demócratas contra el terrorismo.
Finalmente, la enmienda del PNV fue la que obtuvo mayor
respaldo, ya que CiU la apoyó desde el convencimiento de que el
máximo diálogo posible y, especialmente, la opinión del
nacionalismo democrático vasco es determinante para resolver el
problema del terrorismo. No obstante, su portavoz, Xavier Trias,
anunció que "como CC y PA" espera respaldar el texto al término de
su tramitación. Las enmiendas fueron rechazadas con 20 votos a
favor, 278 en contra y 14 abstenciones (de CiU), salvo la del PNV,
que cosechó 34 votos favorables, 277 en contra y una abstención. El
ministro de Justicia, Angel Acebes, durante su intervención en
defensa de la ley, aseguró que esta norma es «una obligación y una
responsabilidad» de las fuerzas democráticas para afrontar con
decisión la amenaza que supone para el Estado de Derecho la
confusión entre la política y el terrorismo.
Acebes repasó el articulado de la ley, de la que destacó su
«impecable factura jurídica», para rechazar las críticas de las
siete fuerzas políticas (IU, PNV, IC-V, EA, BNG, ERC y CHA) que
pidieron sin éxito la devolución del texto al Gobierno. Todas ellas
expresaron dudas sobre los fines de la ley y advirtieron de sus
consecuencias políticas para el País Vasco. El ministro fue
especialmente duro con el PNV, partido del que lamentó que «se
atreva» a dudar de la constitucionalidad de la ley atribuyéndola a
una «democracia de baja calidad», cuando gobierna desde hace 22
años en el Parlamento de Vitoria, «donde toda la oposición lleva
escolta», algo que calificó de «vergüenza».
Los representantes del PNV, IU y Grupo Mixto coincidieron en
considerar que la norma vulnera diversos principios
constitucionales y advirtieron de que no va a mejorar la lucha
antiterrorista y de que, además, reduce garantías jurídicas. En sus
intervenciones ante la Cámara para defender sus enmiendas, los
portavoces de estos grupos destacaron que el proyecto rompe el
consenso que presidió en 1978 la ley que ahora se va a modificar,
vaticinaron que su aplicación fortalecerá a Batasuna al convertirla
en una asociación clandestina y acusaron al Gobierno de utilizarla
como instrumento electoral y de propaganda política.
Josu Erkoreka, del PNV, recordó que, a diferencia de lo que
ocurrió en 1978, esta nueva ley «no será de todos» y, en el País
Vasco, será «de una clara minoría». Por su parte, el coordinador
general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, criticó la ley «por
innecesaria y contraproducente» y se mostró convencido de que esta
«ley de excepción» no servirá para acabar con ETA. La posibilidad
de que ETA recupere apoyo social y de que se radicalice la
situación política en Euskadi, fue una advertencia en la que
coincidieron los cinco diputados del grupo mixto.
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