La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada
por la Plataforma de Consumidores de Carburantes, integrada por
transportistas, agricultores y consumidores, contra Repsol, Cepsa,
BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos en la que se les acusa de
alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre
concurrencia «mediante engaño y uso de información privilegiada».
Dicha querella ha sido admitida por el juez central de
instrucción número uno, Guillermo Ruiz Polanco, y ha contado con el
visto bueno del fiscal. En el auto, el magistrado reclama a la
Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre el caso que reunió
durante más de año y medio y que le llevó a formular un proyecto de
querella contra las petroleras, cuya presentación fue vetada por el
fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
El secretario general de UPA, Fernando Moraleda, señaló, en
declaraciones a Europa Press, que con este procedimiento se abrirá
una investigación sobre el sector de los carburantes y se conocerá
el alcance de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a la
que «se negaba el Gobierno», que, según dijo, «tiene miedo a la
verdad cuando afecta a los poderosos». La denuncia contra las
petroleras se presentó como consecuencia del acuerdo alcanzado en
este sentido por la Plataforma Nacional de Consumidores de
Carburantes, tras la decisión del Fiscal General de Estado, Jesús
Cardenal, de paralizar el proceso abierto durante los últimos dos
años por la Fiscalía Anticorrupción para analizar el comportamiento
de las petroleras en la fijación de precios de los carburantes y el
funcionamiento de la competencia en el mercado.
Según explicaron fuentes de la organización agraria, la denuncia
pretendía que no se perdiera el trabajo realizado por la Fiscalía
Anticorrupción. Para ello, junto a los hechos denunciados, UPA
reclamó también que la Audiencia Nacional requiriera la totalidad
de las diligencias efectuadas por la Fiscalía, así como los
expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia a Repsol y
Cepsa, y las actuaciones practicadas previamente por el Servicio de
Defensa de la Competencia, dependiente de Economía y Hacienda. En
el mismo sentido se pronunció la Federación Nacional de
Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), para la que los
hechos ponen de manifiesto el «engaño y el uso de información
privilegiada» por las petroleras.
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