La decisión fue adoptada por mayoría de los vocales del Consejo, ya
que doce apoyaron el reintegro y nueve votaron en contra, tras una
larga deliberación que se prolongó durante más de cuatro horas. De
esta forma el órgano de gobierno de los jueces estima que procede
el reintegro inmediato del ex juez de la Audiencia Nacional con la
obligación de solicitar destino en el primer concurso de traslados
que se convoque, que será posiblemente entre los meses de junio y
julio.
El Consejo acuerda además darle de alta en el escalafón con
efectos de la fecha de ayer, aunque no podrá ejercer en la
Audiencia Nacional en 25 años, como estableció el Real Decreto de
Indulto. Además establece que el interesado perdió su condición de
juez al ser condenado por el Supremo, aunque tras el indulto
recupera la condición que penalmente había perdido sin que tenga
que superar pruebas de ingreso en la carrera judicial.
Respecto a los antecedentes, considera que no es preciso esperar
los cinco años necesarios para su cancelación, porque quedaría
«anulado el indulto» y «sin efecto práctico», ya que la medida de
gracia prevé el reintegro en la carrera judicial. No obstante,
explica el acuerdo que también sería posible que un juez ejerciera
aunque tuviera antecedentes penales no cancelados por un delito de
prevaricación dolosa. El acuerdo del Pleno irá acompañado de un
voto particular que formularán los ocho vocales discrepantes "los
designados a propuesta del PSOE y de IU". Uno de estos, Luis Aguiar
destacó la improcedencia del Consejo para pronunciarse, además de
estimar que era inoportuno este reintegro porque no se había
cancelado los antecedentes penales.
Para Aguiar, este asunto «ha ido directamente al Pleno sin
ponencia» y opinó que «es muy grave» que el órgano de gobierno de
los jueces «haya asumido una posición excesivamente próxima al
Gobierno desconociendo en cierta medida lo que ha dicho la Sala
Segunda y el Tribunal de Conflictos». Por su parte, el vocal que
defendió la tesis de la mayoría, José Luis Requero, señaló que se
adoptó «respetando a todos los que han intervenido en el
procedimiento».
Gómez de Liaño regresa a la Carrera Judicial tras un paréntesis
de casi tres años en los que se vio apartado de sus funciones como
juez, al ser condenado a 15 años de inhabilitación por un delito de
prevaricación en la instrucción del «caso Sogecable». El Supremo le
impuso esta pena en 1999, aunque año y medio después el Gobierno le
indultó, momento en el que se inició un conflicto entre el Gobierno
y el Supremo. Javier Gómez de Liaño mostró su satisfacción por la
decisión. «Debo transmitir mi sentimiento de gratitud hacia el
Gobierno, que entendió que indultarme era un acto de justicia, y a
toda la gente que ha confiado en mí como juez». El ex juez comentó
que no sabe aún si elegirá plaza en Euskadi.
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