Ponga ratifica ante el juez que no conocía el manual para defraudar a Hacienda

En su defensa, el secretario de Estado dijo que abandonó el banco en febrero de 1997, donde prestaba sus servicios como asesor fiscal, mientras que el prólogo del citado manual data de diciembre de 1997, diez meses después. La declaración de Ponga fue la primera a la que asistieron las defensas de los 26 imputados por Garzón en este caso, si bien la mayor parte de las preguntas fueron formuladas por el magistrado y el fiscal David Martínez Madero. El fiscal anunció a Rodríguez Ponga, al principio del interrogatorio, que sólo le iba a preguntar por actuaciones de terceros, no por las suyas propias, para evitar incriminarle, dado que no había sido citado a declarar como imputado, sino como testigo.

La mayor parte del interrogatorio versó sobre las funciones que Rodríguez Ponga desarrolló durante su etapa en el BBV, en la que trabajó bajo la categoría de jefe de primera en la asesoría fiscal, bajo la dirección de Jaime Basanta, y posteriormente de Gil Vera. La Asesoría Fiscal del BBV, según el testigo, dependía de la Dirección Financiera del banco, y desde ella Rodríguez Ponga se encargaba de evacuar consultas fiscales, llevar inspecciones y preparar recursos, aunque siempre relacionados con el sistema tributario español, no con el internacional.

A este respecto, según las mismas fuentes, se le preguntó por su participación en la compra del banco mexicano Probursa, operación en la que, según la fiscalía, el BBV accedió a legitimar fondos de actividades ilícitas pertenecientes a los antiguos propietarios de la entidad mexicana. El testigo protegido del caso, Nelson Rodríguez, declaró ante Garzón ser el autor del diseño jurídico de esta operación, mientras que señaló a Rodríguez Ponga como el encargado de los aspectos fiscales.

En este sentido, el secretario de Estado declaró que sólo intervino para elaborar un informe sobre la forma de tributar las posibles minusvalías que el banco registrara por la pérdida de valor de las acciones de Probursa en el impuesto de sociedades español. El único detalle que conoció de esta operación fue que se iba a ejecutar a través de la filial del BBV en Puerto Rico, porque la legislación mexicana exigía realizar la compra desde un territorio incluido en el acuerdo NAFTA. En el interrogatorio, que se vio interrumpido por un apagón, se produjeron otras anécdotas, una de ellas al darle a firmar el juez, por error, un acta en la que figuraba su derecho a no declarar en su contra, algo que sólo se reserva para los imputados, y no para los testigos.