El secretario de Política Económica y Ocupación del PSOE, Jordi
Sevilla, admitió la necesidad de modificar el seguro de desempleo,
pero afirmó que la propuesta gubernamental supone «recortes y
expropiación» de los derechos de los parados y avanza en el
deterioro de las condiciones laborales. El presidente de
Castilla-La Mancha, José Bono, manifestó que esta reforma
constituye una «agresión moral ilícita», en tanto que el presidente
de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, consideró
«intolerables» algunos de sus aspectos. El portavoz de Empleo del
grupo socialista, Ramón Jáuregui, señaló que eliminar los salarios
de tramitación "de modo que el trabajador despedido sólo cobre el
sueldo atrasado si el juez dictamina despido improcedente y obliga
al empresario a su readmisiónes" «la medida más importante de
abaratar el despido».
Asimismo, la diputada del PSOE Isabel Pozuelo denunció la
desaparición del subsidio agrario "el antiguo PER" que, en su
opinión, será un «auténtico desastre para el mundo agrario y sobre
todo para Andalucía y Extremadura». CC OO y UGT anunciaron que,
tras «analizar en profundidad» el documento presentado por el
Ejecutivo, adoptarán acciones conjuntas contra una «injusta y
grave» reforma que, a su juicio, tendrá «consecuencias muy
negativas». CC OO criticó que el Gobierno haya optado por
«abandonar la negociación y el diálogo social en un asunto básico
para la cohesión social como es la protección al desempleo» y
aseguró que «no va a aceptar ningún recorte como los planteados».
UGT opinó que la iniciativa del Ejecutivo significa «recortes
injustificados, injustos, indignos e intolerables» y añadió que
«constituye una enorme batería de medidas culpabilizadoras,
penalizadoras y de expulsión del sistema de protección por
desempleo».
El líder de IU, Gaspar Llamazares, declaró que, con esta
reforma, se potenciará el «trabajo basura o de esclavo» y auguró
movilizaciones «contra el régimen de Aznar». Por su parte, el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio,
advirtió a las centrales que «el conflicto no es la solución» y
reiteró que su Departamento desea escuchar las opiniones de los
agentes sociales sobre «el fondo y la forma de la reforma».
Aparicio subrayó que es necesario reformar el modelo para activar
al máximo el mercado de trabajo y mejorar la protección social de
muchos colectivos que no llegan a los niveles óptimos y agregó que
la propuesta del Ejecutivo es «adecuada».
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, aseguró que, con
su propuesta, el Gobierno intenta «defender los intereses
generales» e incidió en que el objetivo de la protección por
desempleo debe ser que la opción más atractiva sea siempre ocupar
un puesto de trabajo. El portavoz de Empleo del PP en el Congreso,
José Eugenio Azpiroz, aseguró que la eliminación de los salarios de
tramitación permitirá a los trabajadores despedidos el acceso
inmediato a la prestación por desempleo, con lo que podrán
dedicarse a buscar empleo desde el primer día. Azpíroz precisó que
la propuesta no está cerrada y sigue abierta al debate, de modo que
se modificará hasta lograr cierto consenso social.
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