El Congreso conocerá las investigaciones que realice EE UU en España

«Evidentemente, por razones de seguridad, muchas de ellas no procede que sean conocidas de manera normal, pero es cierto que parlamentariamente hay procedimientos como para que todas estas cosas puedan conocerse salvaguardado todos los requisitos de seguridad necesarios, y así va a ser», señaló el ministro español. Fuentes diplomáticas explicaron tras la conferencia de prensa que, a falta de la norma reguladora de las actividades de esos servicios en España, el Parlamento sería informado mediante mecanismos ya existentes como, por ejemplo, la Comisión de Secretos Oficiales.

La revisión del convenio de Defensa, que deberá ser autorizado por el Parlamento, tiene una validez de ocho años prorrogables e incorpora disposiciones de cooperación para la seguridad entre ambos países tras los atentados del 11-S. La colaboración en la lucha contra el terrorismo se expresa en el fomento de la cooperación en inteligencia militar y la autorización expresa a los servicios de investigación criminal de los EE UU para que actúen en España en conjunción con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia españoles.

Ambos países se comprometen a establecer unas «normas reguladoras» sobre la actuación del Servicio de Investigación Criminal Naval y de la Oficina de Investigaciones Oficiales de la Fuerza Aérea norteamericanos para los supuestos en que se vean afectados personas o bienes de EE UU. Piqué insistió en que esas operaciones se efectuarán, «sin ninguna duda, con pleno respeto a la soberanía y siempre bajo la responsabilidad de las autoridades españolas». Entre otras novedades, el convenio establece la reducción de mil militares entre los autorizados con carácter permanente en la base naval de Rota, si bien se mantiene la cantidad conjunta máxima de 8.110 efectivos civiles y militares, y se suprime la presencia en Zaragoza y Torrejón.