Ocho partidos de la oposición presentaron ayer un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
en la sede del Tribunal Constitucional, por considerar que la norma
vulnera la autonomía universitaria e invade competencias
autonómicas. En declaraciones a la prensa tras presentar el
recurso, el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera,
recordó que los estudiantes se han manifestado contra esta Ley, que
los padres y los profesores no la apoyan y que los rectores
pidieron un dictamen que «acredita» su inconstitucionalidad, por lo
que los partidos de la oposición "dijo" presentan este recurso «en
nombre de los ciudadanos».
Además del PSOE, en la iniciativa participan IU y las
formaciones del Grupo Mixto BNG, Esquerra Republicana de Cataluña,
Iniciativa per Cataluña-Els Verds, la Chunta Aragonesista (CHA), el
Partido Andalucista y Eusko Alkartasuna.
Esta iniciativa ha recogido los aspectos de inconstitucionalidad
señalados en el dictamen encargado por la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE), así como el informe del
Consejo Consultivo de Cataluña y otras comunidades socialistas. El
recurso se fundamenta en que varios preceptos de la norma atentan
contra la autonomía universitaria, invaden las competencias de las
Comunidades Autónomas, y porque establece un régimen especial para
las Universidades creadas por la Iglesia católica, que supone una
«desigualdad injustificada y arbitraria respecto del resto de las
privadas».
Además, hay determinados aspectos que la reforma deja en manos
del desarrollo reglamentario, y que según las formaciones políticas
que recurren deberían hacerse mediante Ley Orgánica, en concreto lo
que se refiere a la autonomía universitaria y otros derechos
fundamentales derivados de ella. En el recurso, se entiende que la
LOU vulnera la autonomía de las universidades-contemplada en el
artículo 27.10 de la Constitución en el establecimiento del Consejo
de Gobierno de las Universidades (órgano gestor en el que hay tres
miembros del Consejo Social ajenos a la vida académica).
Entre otros artículos que los grupos recurrentes consideran
inconstitucionales son los referidos al Gerente de la Universidad,
a la progresión y permanencia de los estudiantes en las
universidades; y a la contratación de profesores y doctores. Sobre
la distribución competencial, este recurso llama la atención en que
la LOU es inconstitucional en el establecimiento de los requisitos
básicos para la creación y reconocimiento de las universidades o la
regulación de los departamentos o el procedimiento para la admisión
de estudiantes.
El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, acusó al Gobierno de
pretender, con la LOU y con la Ley de Calidad de la Enseñanza,
limitar el acceso de los jóvenes a la Universidad, favorecer la
enseñanza privada y «utilizar la injerencia política para dominar
la Universidad, afectando a su autonomía». El coordinador general
de IU, Gaspar Llamazares, advirtió que el trámite de la LOU «no ha
terminado», y dijo que frente a la pretensión del Ejecutivo de
imponer una universidad «elitista y privatizada» los estudiantes,
la comunidad universitaria y los grupos políticos que han promovido
el recurso van a conseguir derribar el texto y que los tribunales
repongan «lo vulnerado».
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