El debate sobre la liberalización del mercado de la energía
determinará el éxito o el fracaso de la cumbre de Barcelona.
Francia ha mostrado su rechazo absoluto para evitar colapsos como
el de California. Enfrente se posicionan Alemania y España, para
quienes es «imprescindible» liberalizar este sector. El presidente
de la Comisión Europea, Romano Prodi, confió ayer en que el Consejo
Europeo de Barcelona logre impulsar las reformas pendientes,
empezando por la apertura de los mercados de la energía. Según
Prodi, el coste para la industria europea de no aplicar los
acuerdos de liberalización energética alcanzados en Lisboa hace dos
años asciende a 15.000 millones de euros al año, «lo que ni las
empresas ni los consumidores comunitarios podemos permitirnos».
Prodi enumeró las cinco áreas que servirán para medir el éxito
de la cumbre y destacó que, sobre liberalización del mercado de la
energía, pedirá a los líderes comunitarios que fijen fechas para
abrir el sector a los clientes empresariales y se comprometan
«claramente» a ampliar esa apertura a los particulares. El
presidente, no obstante, reconoció que la existencia de procesos
electorales muy próximos en algunos países "Francia y Alemania,
entre ellos" puede propiciar que el Consejo Europeo alcance un
acuerdo de mínimos. Francia está dispuesta a dar «nuevos pasos» en
la apertura del mercado eléctrico y gasístico a los clientes
profesionales, en el marco de un «paquete global», indicó la
portavoz del Elíseo, Catherine Colonna, al explicar ante la prensa
la posición de París.
Tras señalar que la discusión está «abierta», citó como
elementos de ese paquete el establecimiento de indicadores de
apertura «real» del mercado, la tasación de la energía y avances en
la consideración de los servicios de interés general tanto en
directivas sobre la energía como en el marco general del
tratamiento de los servicios públicos. Alemania por su parte,
apoya, en principio, la liberalización de los mercados "en
particular de energía, telecomunicaciones y servicios postales"
«una mejora de las condiciones marco de la economía», y una
«ofensiva en el ámbito de la investigación, la tecnología y la
educación». En el campo laboral y de las ayudas sociales está a
favor de «fomentar la movilidad» y de una «política social que
tenga en cuanta los cambios demográficos».
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró que no hay
discrepancias entre los Quince sobre la necesidad de reformas
económicas y el debate se limita a los ritmos, y defendió la
estabilidad lograda por España frente a «males» del pasado
provocados por endeudamientos y déficit. Aznar hizo estas
consideraciones en la inauguración de la Conferencia Internacional
de Cámaras de Comercio que se celebró ayer en Barcelona y en la que
estuvieron presentes, entre otros, el Rey, el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol y el alcalde de la ciudad, Joan Clos. El
jefe del Ejecutivo, en el primer acto de su agenda previa a la
celebración del Consejo Europeo, consideró que la cumbre que
comenzará el jueves no marcará un principio ni un final en las
reformas económicas, pero sí será un «hito» en el desarrollo
europeo.
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