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La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios acordó ayer imputar en el 'caso Gescartera' a Miguel Prats Oría y José Alfonso Castro Mayoral, director y subdirector, respectivamente, de la sucursal de 'La Caixa' de Majadahonda (Madrid), donde empleados de la agencia de valores retiraron hasta 2.000 millones de pesetas desde 1999 a 2001. La juez les imputa delitos de blanqueo de capitales y cooperación necesaria en otro delito de estafa o apropiación indebida.

Tras tomarles declaración ayer, la juez Palacios decidió cambiar la condición de testigos por la de imputados a los dos directivos bancarios. Ambos reconocieron ante la instructora que en la oficina de 'La Caixa' entró, en dinero en metálico, un total de 240 millones, según la auditoría interna del propio banco.

Esta versión contradice lo declarado en la causa por el chófer del propietario de Gescartera, Antonio Camacho, quien aseguró que llevó en maletas a esta sucursal bancaria entre 500 y 600 millones. Según los dos directivos, la recepción de maletas con dinero en metálico eran una práctica habitual que admitían porque confiaban en Gescartera, entidad que estaba respaldada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ambos reconocieron que aceptaron los cheques al portador que les presentaron al cobro el chófer y otros empleados de Gescartera por un valor global de 2.000 millones de pesetas, aunque los talones no estaban firmados por ninguno de estos empleados, sino por los apoderados de la agencia de valores.

Algunas acusaciones personadas en la causa señalaron al término de la declaración, que se reanudará en los próximos días, que esta operativa efectuada abre la puerta a solicitar la declaración de responsable civil subsidiario de 'La Caixa'. «La Caixa» ha recibido, «con sorpresa», la decisión. Según comunicó anoche, está analizando esta situación, y «recuerda que todas las informaciones sobre ingresos y reintegros de las cuentas de Gescartera obran en poder de la Audiencia Nacional y el Banco de España desde el pasado mes de octubre». La entidad, señala en su comunicado, «rechaza enérgicamente que se hayan cometido acciones de blanqueo de dinero en su oficina de Majadahonda, ya que todos los ingresos y reintegros están debidamente documentados y procedían de una sociedad regulada».

La juez aplazó hasta hoy la declaración del dueño de Gescartera, Antonio Camacho, prevista para ayer, al no asistir su abogado. De otra parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que 'aparque' por el momento la investigación sobre falsos testimonios presuntamente cometidos en las declaraciones prestadas ante la Comisión Parlamentaria de Investigación del «caso Gescartera», a la espera de que concluya la pieza principal de la causa, según fuentes fiscales. Anticorrupción elevó una consulta sobre competencia a la Fiscalía tras recibir, el pasado 24 de enero, un informe de diputados del PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto, sobre lo que consideraban falsos testimonios y contradicciones de los comparecientes en la Comisión sobre Gescartera abierta en el Congreso.