La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) aprobó ayer el informe preliminar sobre el Anteproyecto de
Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, en
el que aceptan la propuesta del Gobierno de intervención
administrativa de cuentas bancarias y fondos cuando se trate de
actividades económicas vinculadas al terrorismo, según informaron
fuentes de la Comisión.
Las mismas fuentes dijeron que la Comisión decidió en su reunión
de ayer introducir una propuesta de mejora al texto elaborado por
el Gobierno, para diferenciar las actividades económicas de clara
colaboración con el terrorismo, de las que supongan algún tipo de
vinculación con el mismo. En el caso de las primeras, el informe
del Consejo considera que se trataría de hechos con relevancia
penal, por lo que la competencia para el bloqueo de cuentas
correspondería a los tribunales.
Sin embargo, en el caso de las actividades vinculadas con el
terrorismo, pueden tener una relevancia penal, y por tanto ser
susceptibles de intervención administrativa las cuentas y fondos
bancarios relacionados con las mismas. De cualquier forma, el
informe de la Comisión de Estudios debe ser refrendado por el Pleno
del Consejo el próximo miércoles, 23 de enero, y además no es
vinculante para el Gobierno, que lo solicitó el pasado mes de
diciembre para conocer la opinión del CGPJ antes de aprobar la
Ley.
La Comisión de Estudios del Poder judicial también apoya en su
informe que se establezca un procedimiento sumario, por la vía
contencioso-administrativa, para recurrir las resoluciones de
bloqueos de cuentas y fondos por parte de la Comisión de Vigilancia
cuya creación prevé la nueva Ley.
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