El debate en el Parlamento Vasco se efectuó el día en el que el
Estatuto cumplía 22 años desde su aprobación en referéndum. El
lehendakari, Juan José Ibarretxe, exigió por una parte el
cumplimiento íntegro del Estatuto, reiterando su propuesta de
constituir una comisión política negociadora con el Gobierno
español para impulsar este cumplimiento y «explorar sus
potencialidades», en referencia a la reserva de derechos históricos
que figura en la disposición adicional del Estatuto.
Por otra, propuso la creación de una comisión parlamentaria
sobre «la profundización del autogobierno». El lehendakari
considera que se debe reconocer la «legitimidad de las opciones de
cambio y actualización» de los marcos jurídico-políticos, es decir,
la posibilidad de cambiar el Estatuto. Para Ibarretxe, el
«problema» reside en «asumir que el pueblo vasco no es una parte
subordinada del Estado, sino un pueblo con identidad propia». Por
ello, defendió un nuevo «gran pacto de Estado» que dé respuesta a
las «demandas de autogobierno y de la capacidad para decidir el
futuro que tiene el Pueblo Vasco», y dijo que éste tiene «capacidad
para incorporarse, por voluntad propia, al proyecto de un Estado
plurinacional».
Desde la oposición, tanto PP como PSE coincidieron en su rechazo
a la autodeterminación y destacaron el carácter de pacto del
Estatuto. El presidente del grupo parlamentario del PP, Jaime Mayor
Oreja, explicó que «nuestra concepción del autogobierno es
simplemente el Estatuto», y señaló que la «principal deslealtad»
con el Estatuto es «elevar a objetivo de todos los vascos» la
defensa «del derecho unilateral de secesión y de
autodeterminación». Mayor apuntó que «nuestra obligación histórica
como vascos radica en la aceptación de la pertenencia a España, en
la permanencia en España, no con carácter provisional o
condicionada a la libre determinación los vascos». Oreja reconoció
que «los nacionalistas han sido el auténtico motor de la
autonomía», por lo que les pidió que ahora «no se transformen en el
motor de la destrucción de la autonomía».
Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Nicolás Redondo,
afirmó que «el camino no es la independencia», sino «la España
federal en Europa» y aseguró que «la autodeterminación no es un
derecho, sino un fetiche nacionalista». Redondo señaló que «la
verdadera autodeterminación la hicimos los vascos cuando aprobamos
en referéndum la Constitución y el Estatuto». El secretario de los
socialistas vascos abogó por culminar el proceso estatutario, y se
mostró «dispuesto a explorar todas las potencialidades que el
Estatuto encierra», pero advirtió que «tratar de desbordar el
Estatuto para caminar subrepticiamente hacia otro marco es atentar
contra la memoria histórica del país y sus tradiciones de
pacto».
El resto de partidos abogaron por el reconocimiento del derecho
de autodeterminación. Los tres socios del Gobierno Vasco, PNV, EA e
IU, coincidieron también en reclamar el completo desarrollo del
Estatuto, en explorar la vía de los derechos históricos y en sus
críticas al Gobierno central. Por último, el portavoz de Batasuna,
Arnaldo Otegi, calificó la propuesta de Ibarretxe como «la versión
autonómica del timo de la estampita». En su turno de réplica,
Ibarretxe acusó al PP de mantener una posición de «amputación del
Estatuto» de autonomía vasco, de «encadenamiento del Estatuto y del
proceso autonómico».
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