El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que para 2002
el Gobierno «ha diseñado un presupuesto para hacer frente a la
situación económica europea y mundial cargada de incertidumbres»,
en el que se ha apostado por el crecimiento del empleo y por la
protección social. Así lo indicó en conferencia de prensa posterior
al Consejo de Ministros que aprobó la remisión a las Cortes del
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2002,
y al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Estado del
anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden
Social (Ley de Acompañamiento) para su informe preceptivo.
Montoro destacó que estos son los primeros presupuestos
elaborados únicamente en euros y los segundos que fijan el
equilibrio entre ingresos y gastos del Estado, lo que «da margen
para afrontar situaciones difíciles» y consideró que la moneda
única ha supuesto «una gran éxito» para la sociedad y la economía
española y que «abre un camino de prosperidad y empleo». Recordó
que los Presupuestos del 2002 «suponen una nueva configuración
financiera del Estado» que modifica sus cuentas públicas debido a
la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica, lo que,
en su opinión, refleja de forma más fiel la realidad del Estado al
dejar en manos de las comunidades servicios como la educación o la
sanidad.
El Proyecto de Ley de Presupuestos prevé un crecimiento
económico del 2'9 por ciento, una décima menos que en el 2001, lo
que permitirá la creación de 277.900 nuevos empleos, 46.900 menos
que en el presente ejercicio. Además, según explicó el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, en la conferencia de prensa posterior
al Consejo, las cuentas del 2002 se basarán, por segundo año
consecutivo, en el equilibrio entre ingresos y gastos, resultado de
un déficit del Estado del 0'5 por ciento del PIB y un superávit
equivalente de la Seguridad Social. Montoro indicó que el déficit
del Estado será de 3.763 millones de euros -este es el primer
presupuesto elaborado exclusivamente en euros-, dado que sobre un
PIB nominal de 686.313 millones de euros, los ingresos supondrán el
15'9 por ciento (108.824 millones de euros) y los gastos el 16'4
por ciento (112.587 millones de euros).
El 51'8 por ciento del gasto total se destinará a políticas
sociales, seguidas de las transferencias a otras administraciones
públicas (19'1 por ciento), actividad productiva e inversora (11'5
por ciento), pago de deuda pública (8'3 por ciento) y la
administración general que absorberá el 6'8 por ciento. El
Ejecutivo prevé obtener unos ingresos no financieros de 108.824'3
millones de euros, el trece por ciento menos que este año, descenso
generado por la cesión de tributos a las comunidades tras aplicar
el nuevo modelo de financiación autonómica. Los ingresos
tributarios se elevarán a 97.102'5 millones de euros, el 12'1 por
ciento menos que en el 2001, en tanto que el resto supondrán
11.721'8 millones de euros, el 19'9 por ciento menos.
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