José Blanco (PSOE) realizó ayer unas declaraciones en las que se refería a Gabriel Cañellas.

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EFE-MADRID
La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado estima que la propuesta de imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el «caso Ercros» es «inaceptable» y la califica de «inculpación sin fronteras, que ni siquiera se hace descansar en hechos concretos». Así lo indica la Secretaría Técnica en un informe elaborado por encargo del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que recibió las críticas del PSOE, cuyo secretario de Organización, José Blanco, afirmó que con él «ha nacido una nueva figura, la del defensor del Gobierno», en lo que supone «el preámbulo de una modificación constitucional». Por su parte, el secretario de comunicación de IU, José Francisco Mendi, afirmó que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ha convertido a Cardenal en un fiscal «popular» al servicio del Gobierno «para blindar sus escándalos de corrupción».

Mientras, Josep Piqué afirmaba que «en ningún momento» se le ha pasado por la cabeza dimitir por este caso y subrayó que el informe de la Fiscalía sobre el asunto le merece la misma opinión que los de otros fiscales, «ninguno». El informe de la Secretaría Técnica ha sido aportado a la documentación con la que contará la Junta de Fiscales de Sala, integrada por la cúpula de la Carrera Fiscal, que estudiará el próximo día 10 la propuesta del fiscal del caso, Bartolomé Vargas, de citar como imputado a Piqué, que contó con diez votos a favor y dos en contra en la Junta de fiscales de su Sección en el Supremo.

Fuentes de la Fiscalía del Supremo indicaron que existe malestar y sorpresa entre la mayoría de sus miembros por el tono empleado en el informe de la Secretaría, que considera que debía ser de «simple asesoría técnica» al fiscal general. El informe de Vargas propone que Piqué sea citado como imputado de apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito fiscal en relación con la venta en 1991 de Ertoil, filial de Ercros, a la petrolera francesa Elf a través de la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding (GMH). En la causa se investiga una supuesta apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas por la venta de Ertoil, así como el cobro de unos 9.700 millones de pesetas en comisiones. Piqué era en esa época consejero y director general de Estrategia Corporativa de Ercros.

Para la Secretaría Técnica «está fuera de dudas que la imputación de Piqué se dibuja como una inaceptable propuesta de inculpación sin fronteras, con una tendencia a la generalidad que ni siquiera se hace descansar en hechos concretos de los que predicar su relevancia típica» y advierte del «defecto de imprecisión» del informe que propone la citación como imputado de Piqué. Destaca que «no existe en toda la causa un solo documento del que pueda derivarse, ni siquiera en el plano indiciario, la incorporación al patrimonio del aforado de cantidad alguna de dinero y tampoco existe en toda la causa una sola declaración prestada en concepto de testigo o imputado que involucre al aforado en el pago y cobro de cualquier cantidad de dinero».

Las asociaciones de fiscales mostraron ayer posturas dispares sobre esta cuestión y mientras la mayoritaria, la Asociación de Fiscales, cree que el informe de la Secretaría Técnica es «un proyecto más», la Unión Progresista de Fiscales considera que «no es necesario». El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, comentó ayer, por su parte, que hasta ahora sólo existía la figura del Defensor del Pueblo y subrayó que «no sabemos cuál ha sido la razón por la que José María Aznar se atreviera con Cañellas (anterior presidente del Gobierno balear) en el caso del túnel del Sóller».