La unidad de acción sindical está claramente dañada. Ayer la
Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato UGT ha decidido no
sumarse al acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social que
el próximo lunes firmarán en el Palacio de la Moncloa el Gobierno,
CEOE y CC OO. El secretario general de UGT, Cándido Méndez,
reconoce que se ha abierto una grieta en la unidad sindical, que
podría incluso hacer peligrar la convocatoria unitaria que cada año
realizan las centrales con motivo del primero de mayo. UGT mantiene
la conveniencia de un paro general y rechaza que el Ejecutivo de
José María Aznar decida mediar en la negociación colectiva, «que
debe ser un asunto exclusivo de empresarios y sindicatos».
Cándido Méndez no aparecerá esta vez en la foto de la firma del
acuerdo sobre pensiones. El órgano consultivo del sindicato ha
decidido apoyar a su secretario general y no adherirse al
preacuerdo por considerar que no recoge las demandas del sindicato.
No obstante condicionó la firma a la modificación de una serie de
aspectos incluidos en el mismo. En su opinión se deberían haber
abordado dos grandes cuestiones: la separación definitiva de las
fuentes de financiación de la Seguridad Social y la atención a las
graves lagunas de desprotección que se producen en el sistema
público de pensiones.
«La separación de fuentes de financiación se dilata
injustificadamente a un plazo de 12 años lo que conllevará que se
produzcan trasferencias hacia el Estado desde la Seguridad Social
que pueden superar los 3'5 billones de pesetas, lo que afectará a
la debida capitalización de la misma», explicó Méndez y añadió que
la jubilación anticipada, más allá de la elevación a 30 años del
periodo cotizado y de la fijación de 61 años de edad, como
condiciones de acceso, no se contempla como un derecho voluntario
del trabajador, sino como una circunstancia derivada del despido
por las empresas.
Además, considera «gravísima» la situación de desprotección de
los trabajadores mayores de 52 años, que después de una larga
carrera profesional pierden su empleo, ya que más del 80 por ciento
de ellos son despedidos de forma individual y no tienen posibilidad
de obtener cobertura de los planes sociales en los expedientes de
regulación de empleo, en los que la intervención sindical mejora
sus condiciones. Por todo ello, UGT pide a los que se han adherido
al preacuerdo que éste contenga cuatro puntos que para el sindicato
son básicos en la defensa de los trabajadores españoles. El primero
de ellos es que el plazo máximo para la separación definitiva de
las fuentes de financiación no sea superior a seis años. Además,
piden que se reconozca el derecho voluntario de todo trabajador a
adelantar la jubilación siempre que cumpla los requisitos de edad y
de periodo cotizado.
«La tercera petición es que los trabajadores mayores de 52 años
que sean expulsados del empleo cuenten con un mecanismo que, a
través de la financiación de sus cotizaciones, les permita mantener
el derecho a una pensión de jubilación digna a la que han
contribuido a lo largo de su carrera profesional», explicó Méndez.
Finalmente solicitan que se aseguren de manera clara que los
niveles de proporcionalidad que se alcanzarán en 2003 entre el
esfuerzo de cotización y el nivel de prestación sean adecuados.
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