Iberia debutó ayer en Bolsa después de haber completado su proceso de privatización.

TW
0
VIRGILIO ZAPATERO-MADRID Las acciones de Iberia terminaban en 1'17 euros (195 pesetas), lo que supone una caída del 0'85% respecto al primer precio fijado en Bolsa, 1'18 euros (196 pesetas), en tanto que si lo comparamos con el precio que pagaron los inversores en la Oferta Pública de Venta, 1'19 euros (198 pesetas), el recorte fue algo mayor, del 1'68%. Apoyada en el interés que despiertan entre los inversores los estrenos bursátiles, Iberia consiguió ayer ser una de las compañías más contratadas del parqué -sólo superada por Telefónica, el BBVA y el BSCH -.

El aterrizaje de Iberia en la Bolsa se preveía más agitado de lo que finalmente fue, tanto por la baja demanda de acciones en la Oferta Pública de Venta (OPV) -que exigió un reordenamiento en los tramos- como por las quejas que reiteradamente han manifestado los accionistas del «núcleo duro» por los altos precios que pagaron a principios de 2000 cuando entraron en la empresa. Los inversores institucionales pretenden obtener algún tipo de compensación económica, ya que la participación que ellos adquirieron (un 30% del capital de Iberia) vale hoy un tercio de lo que pagaron, si se mira el precio que marca el mercado.

Las pretensiones de los socios estables de la compañía aeronáutica eran rechazadas ayer en la propia Bolsa de Madrid por el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, quien aseguró que sería «delito» revisar el precio pagado por estos inversores institucionales, ya que «se acordó en concurso público y la aprobó el Consejo de Ministros».

Ferreras negó que exista un contrato que respalde la solicitud de estos accionistas y precisó que sólo hay un compromiso -firmado tres días antes del inicio de la OPV- para analizar si tiene algún valor la prórroga pactada con ellos para retrasar la salida a Bolsa de Iberia. Las compensaciones también eran rechazadas por el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien consideró «bastante sorprendente que determinadas entidades empresariales de gran nivel pretendan pedir compensaciones cuando la evolución coyuntural de las acciones no les conviene».