30/03/01 0:00
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OTR PRESS - BILBAO El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, afirmó ayer que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana está trabajando para que «no se produzca» la incorporación del policía Patxi Añorga, restituido en su puesto tras cumplir una pena de seis años de prisión por facilitar información a ETA. En este sentido, explicó que «el propio interesado tampoco tiene ninguna gana de volver a la Guardia Municipal». No obstante, los populares vascos denunciaron que el alcalde pudo retirar del servicio a Añorga y no lo hizo. Además, el consejero de Interior vasco, Javier Balza, replicó al candidato del PP a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, que la Ley de Policía Vasca contempla la expulsión de un agente que haya sido condenado.

Elorza explicó que todavía hay dificultades y se está buscando la solución idónea para que, en el momento oportuno, Añorga no se incorpore a la Guardia Municipal. No obstante, señaló que, «a la vista de la sentencia, el Ayuntamiento también tenía que medir de modo proporcionado cuál iba a ser el contenido del expediente disciplinario». En este sentido, el alcalde socialista aseguró que el policía municipal ha cumplido la condena y «el propio tribunal, en su sentencia, entendió en su día que se había producido un principio de arrepentimiento».

Por contra, la presidenta del PP de Guipúzcoa y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, María San Gil, aseguró que el alcalde socialista de la capital guipuzcoana Odón Elorza tuvo en su momento la oportunidad de separar definitivamente del servicio a Añorga. San Gil suavizó su acusación diciendo que el PSOE tiene las cosas claras pero Elorza «es más melifluo». Además, explicó que «se inició un expediente sancionador en su momento, y a la espera de que se dictara sentencia se dejó un poco quieto». Así aclaró que cuando se dictó la sentencia judicial el instructor del expediente daba dos opciones: o se le separa Añorga del cuerpo o suspenderle de funciones de dos a cuatro años. Posteriormente hubo una resolución del 26 de diciembre de 1997 firmada por el alcalde Odón Elorza, donde se decidió imponer al agente la sanción disciplinaria de suspensión durante cuatro años. Por ello, pidió explicaciones a Elorza.