El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó ayer,
por 10 votos a 1, inhibirse en favor del Gobierno en la aplicación
del indulto al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de
Liaño, y acordó mantener su competencia en la materia. La Sala
decidió no aceptar el requerimiento de inhibición que le elevó el
Ministerio de Justicia, por estimar que «la competencia reclamada
no corresponde a la Administración sino a la Jurisdicción».
De los 11 magistrados que participaron en el Pleno, que tuvo
carácter jurisdiccional, Roberto García Calvo se mostró en contra
de las tesis de sus compañeros y en favor del Gobierno, por lo que
anunció que emitirá un voto particular contra la decisión de la
mayoría. Con esta resolución del Supremo, queda planteado
formalmente el conflicto de jurisdicción entre el Gobierno y el
Alto Tribunal por la aplicación del indulto a Liaño, después de que
la Sala Segunda del Supremo decidiera el pasado 8 de enero rechazar
la reincorporación del ex juez a la carrera judicial, en contra de
lo establecido en el decreto del Gobierno.
Ahora será el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el que
resuelva la cuestión, fallando en favor del Ejecutivo o del
Supremo. Dicho tribunal está presidido por el presidente del
Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, que tiene voto de calidad
en caso de empate entre sus miembros. El Pleno de la Sala rechazó
la petición de inhibición formulada por el Gobierno "que entendió
que el Supremo se había extralimitado al modificar el alcance del
decreto de indulto", al considerar que las decisiones del Ejecutivo
están sometidas al control jurisdiccional para velar por su
sometimiento a las leyes.
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