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El ministro de Justicia, Angel Acebes, presentó ayer en el Congreso un pacto para la reforma de la Justicia, con un coste de 250.000 millones. El Plan que el Gobierno propone a los grupos políticos y comunidades autónomas incluye un paquete de medidas legislativas que reforman el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Ley del Jurado, entre otras cosas.

La oposición aceptó negociar el proyecto del Gobierno y coincidió en señalar que el objetivo prioritario debe ser mejorar el funcionamiento de la justicia en interés de los ciudadanos. El punto más conflictivo de la reforma es la modificación del sistema de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial. PSOE, PNV, CiU e Izquierda Unida mantienen un pulso con Acebes en este punto y a priori no pretenden acceder. El ministro pretende modificar el sistema de designación de los 20 vocales del Consejo por el Parlamento, de modo que 12 de ellos sean elegidos por los propios jueces.

Acebes señaló que el sistema vigente, consistente en el nombramiento de los miembros por parte de los propios partidos, «ha provocado un daño formidable» a la Justicia, al dar una imagen de «clientelismo». En este sentido, explicó que los miembros del CGPJ son conocidos por la opinión pública como vocales del PSOE, del PP o del partido que les propuso para el puesto, algo que según dijo deslegitima el Poder Judicial.

Por el contrario, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió que no puede haber Pacto de Justicia si el Gobierno se empeña en introducir esta reforma, que considera «un elemento de competencia entre los jueces». «Para eso está el Parlamento que es el que representa a los ciudadanos para que haya un CGPJ que gobierne la Justicia dentro de los límites que tiene marcados en la Constitución». IU, por su parte, ve la reforma como una venganza y un enfrentamiento de poderes.