Los Consejos de Administración de Endesa e Iberdrola se reunirán
hoy por separado para analizar las condiciones impuestas por el
Ejecutivo para dar luz verde a su proyecto de fusión y decidir si
continúan o no adelante con la operación una vez conocidas estas
limitaciones. Fuentes de la dirección de Endesa no dejaban de
expresar ayer su rechazo a las duras condiciones del Gobierno para
lograr la fusión y se plantean abandonar la idea.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó con
condiciones la fusión entre las dos principales eléctricas
españolas, que tendrán que subastar en un máximo de 14 meses los
activos de los que deberán desprenderse y no podrán superar el 42
por ciento de cuota de mercado en generación (el actual tamaño de
Endesa), el 48 por ciento en distribución y el 40 por ciento en
comercialización. Además obliga a las dos firmas a transmitir los
Costes de Transición a la Competencia (CTC´s) con las instalaciones
de generación que vendan y, que en caso de aflorar plusvalías en la
venta de estos activos, reduzcan los correspondientes CTC´s
pendientes de cobro.
Este imperativo se deriva de la normativa sobre CTC´s, que
también aprobó el Gobierno el viernes y que supone la eliminación
del cobro de estos costes a través de la tarifa eléctrica y la
vuelta al sistema vigente en 1997 de liquidación por diferencias,
lo que deriva en la desaparición de la posibilidad de titulización
de los CTC´s. El viernes, tras conocer la autorización y algunas de
las limitaciones impuestas por el Ejecutivo, ambas compañías
comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su
intención de guardar silencio hasta conocer los detalles del
acuerdo firmado por el Consejo de Ministros.
Poco después, las dos eléctricas informaron al órgano supervisor
de que habían convocado sus respectivos consejos de administración
para hoy. Entre las condiciones impuestas por el Gobierno destaca
también que en diez días, a contar desde el sábado, las dos
eléctricas deberán presentar un Actuaciones y Desinversión de
Activos, ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), que
dispondrá de dos meses para aprobarlo.
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