La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer por mayoría de
ocho votos contra seis que no procede aplicar el indulto concedido
por el Gobierno al ex juez Javier Gómez de Liaño «en los términos
literales en que se contiene y específicamente en relación con el
reintegro inmediato a la carrera judicial».
La Sala de lo Penal del Supremo, que se reunió ayer como Sala
General para estudiar la aplicación del indulto a Liaño, condenado
a quince años de inhabilitación por un delito continuado de
prevaricación en el «caso Sogecable», considera que la literalidad
de esta media de gracia en lo referente al reintegro inmediato «no
se ajusta a las exigencias legales».
Los magistrados del Tribunal Supremo que votaron en contra de la
aplicación del indulto mantienen que la pérdida de la condición de
juez se produjo cuando se ejecutó la sentencia y por tanto no puede
recuperarla mediante una medida de gracia. Según el decreto
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el indulto
concedido a Liaño supondría su reintegro a la carrera judicial, con
la condición de no ocupar ningún puesto en la Audiencia Nacional,
de cuyo juzgado número 1 fue titular. Fuentes del Supremo
explicaron a Efe que la mayoría de la Sala entiende que la Ley
General del Indulto no permite aplicar esta medida a penas que ya
han sido cumplidas, sino sólo aquellas que se están cumpliendo en
el momento de concederlo.
En el caso de Gómez de Liaño, según los magistrados que
defendieron esta tesis, el indulto del Gobierno sólo alcanza a la
pena de 15 años de inhabilitación que está cumpliendo por un delito
continuado de prevaricación en el «caso Sogecable».
Por contra, los magistrados del Supremo que votaron a favor de
aplicar esta medida de gracia en los términos que se establecen en
el decreto consideran que «todo es indultable» y que el Gobierno
tiene capacidad para decidir en qué términos se aplica el
indulto.
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