El Tribunal de Cuentas ha denunciado un trato desigual a los
beneficiarios de pensiones no contributivas de invalidez y de
jubilación en función de la comunidad de residencia. Según el
Tribunal la descoordinación entre el Gobierno y las comunidades
autónomas ha provocado que no exista la debida colaboración y
coordinación para la gestión de estas prestaciones por lo que los
beneficiarios han recibido distinto trato según la comunidad
autónoma en la que residan.
La entidad fiscalizadora, en un informe relativo a la gestión de
las pensiones no contributivas y los subsidios de minusválidos
correspondientes a los ejercicios de 1997 y 1998 asegura que
existen diferencias en el control interno realizado por las
comunidades autónomas sobre el reconocimiento, extinción y
modificación del derecho a percibir estas prestaciones y sobre las
nóminas de pensiones no contributivas.
Además, añade que varía el grado de exigencia de los requisitos
y condiciones en función del lugar de residencia del beneficiario.
Esta inexistencia de homogeneidad en la gestión de las prestaciones
y en las revisiones anuales supone que los beneficiarios de estas
prestaciones sean tratados con diferentes grados de exigencia y de
control, según la comunidad autónoma de residencia.
En opinión del Tribunal no existe corresponsabilidad
presupuestaria en la ejecución del gasto público respecto a estos
subsidios. Mientras que la gestión del reconocimiento, modificación
y extinción de estas prestaciones corresponde a las comunidades, el
gasto presupuestario y su pago material corresponden a la Seguridad
Social (excepto en el País Vasco y Navarra).
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