Confiscada en Madrid una gran cantidad de sustancias ilegales para el ganado.

Confiscada en Madrid una gran cantidad de sustancias ilegales para el ganado.

01/12/00 0:00
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EUROPA PRESS/EFE - MADRID El ministro de Agricultura se mostró preocupado por la desconfianza de los consumidores españoles y por la bajada tanto de los precios del mercado del ganado bovino como de los sacrificios de las reses. En este sentido, Cañete concretó que si la Unión Europea no reacciona el Ejecutivo español adoptará medidas para fomentar el consumo de carne de vacuno. De este modo, Arias Cañete apostó por cambiar y reformar la política agraria para conceder ayudas a cultivos como las oleaginosos y el girasol para producir alimentos de origen vegetal para alimentar a la cabaña bovina y al resto de las especies animales.

Arias Cañete aseguró que en España se va a prohibir el consumo de harinas de origen animal para la alimentación de todas las especies e insistió en la necesidad de practicar test clínicos a las reses de más de 30 meses «para tranquilizar a la población y recuperar la confianza del mercado». Además, hizo especial hincapié en que la reses de menos de 15 meses no pueden desarrollar el agente patrógeno (prion) que procude esta enfermedad.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura aportará 2.400 millones de pesetas para financiar el coste total de los 350.000 «test prionics» que adquirirá España para la detección del mal de las vacas locas, así como de la mitad de los recursos en infraestructuras y personal de laboratorio para su gestión.

Así lo adelantó anoche, en el Congreso de los Diputados, el titular de este Departamento, Miguel Arias Cañete, quien explicó que el Gobierno financiará «íntegramente» el coste de los test que se efectuarán a las reses de vacuno de más de 30 meses.< El titular de Agricultura explicó también que España estudia la posibilidad de rebajar a 30 a 24 meses la edad obligatoria para realizar los test de detección de la enfermedad de las «vacas locas». El ministro avanzó que hoy el Consejo de Ministros estudiará estos costes, así como un Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para firmar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para instrumentar las medidas de la lucha contra la EEB.