El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,
Enrique Fernández Miranda, afirmó ayer en Sevilla que el Gobierno
está estudiando la posibilidad de introducir en el proyecto de
reforma de la Ley de Extranjería el concepto de arraigo de
inmigrantes con el fin de facilitar la integración social de este
sector de la población. Esta es una de las propuestas realizadas
por el Grupo parlamentario de CiU durante el debate del texto en la
Comisión Constitucional del Congreso.
Junto a esta medida, Fernández Miranda también resaltó, en rueda
de prensa, la posibilidad de que la reforma de la normativa recoja
la gratuidad de la asistencia letrada y de intérprete en todos los
procesos de repatriación de inmigrantes en situación irregular. La
redacción actual sólo recoge este derecho en los casos de
expulsión, y el PSOE ya ha anunciado que durante el debate del
proyecto en el pleno del Congreso, el próximo 23 de noviembre,
defenderá su extensión a los procedimientos de devolución y
denegación de entrada.
A este respecto, expresó que el Gobierno del PP está convencido
de que la futura Ley de Extranjería será fruto de un «alto
consenso» y la normativa «que el Gobierno piensa que España
necesita».
Por otro lado, señaló que a fecha de ayer se han registrado
204.506 solicitudes resueltas de las 244.377 presentadas, quedando
estimadas 126.731 frente a 73.151 desestimadas.
Estas últimas serán revisadas en virtud de la enmienda
introducida por el PP en la reforma que recoge que el Gobierno
mediante Real Decreto establecerá los requisitos para regularizar,
sin tener que presentar de nuevo documentación, a aquellos
extranjeros que no han entrado en el proceso por no poder demostrar
que se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999.
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