El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del
Tribunal Supremo, Javier Delgado, introdujo un nuevo argumento en
el debate sobre el endurecimiento de penas para terroristas, al
mostrarse a favor de aplicar medidas de seguridad posteriores al
cumplimiento de la condena, como libertad vigilada o privación de
esa libertad, para etarras sobre los que esté acreditado que no
están arrepentidos ni reinsertados.
Delgado Barrio cree necesario que se produzcan una serie de
reformas legislativas, pero no constitucionales, ya que la Carta
Magna «prevé expresamente» la aplicación de esas medidas de
seguridad, siempre con el fin, al igual que la pena, de la
reinserción social. Sin embargo, el presidente del CGPJ no es
partidario de la aplicación de la cadena perpetua, ya que considera
suficientes los 30 años que como límite máximo marca la Ley.
Delgado reiteró que el Código Penal vigente «garantiza» el
cumplimiento de esos 30 años, sin beneficios penitenciarios ni
concesión del tercer grado para terroristas no arrepentidos.
Si pasados los 30 años de pena el terrorista no se muestra
arrepentido, sino que además sigue siendo «peligroso», es cuando el
presidente del Tribunal Supremo cree que hay «sobradas razones»
para pensar que volverá a cometer un delito. Por ello, se mostró
partidario de la aplicación de «medidas de seguridad» que pasarían
por la libertad vigilada o, incluso, «si fuera necesario», la
privación de libertad.
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