Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Zaragoza para
exigir al Gobierno central que reconsidere su postura y no apruebe
el trasvase de caudales del Ebro que prevé el Plan Hidrológico
Nacional. Según los convocantes, en la manifestación han
participado 300.000 personas, mientras que ninguna fuente oficial
ha querido facilitar cifras.
En una jornada festiva y que el presidente del Gobierno
aragonés, Marcelino Iglesias, consideró «histórica», la
manifestación, apoyada por mil organizaciones sociales, desde
municipios y entidades culturales y vecinales a sindicatos y
organizaciones empresariales, culminó en la plaza del Pilar tras
unas tres horas de marcha.
En la cabeza, el presidente Marcelino Iglesias, el
vicepresidente aragonés, José Angel Biel, todos los consejeros del
gobierno regional y los representantes de las cuatro organizaciones
convocantes de la marcha, los sindicatos UGT y CC OO y las
organizaciones empresariales CREA y CEPYME.
Los líderes de todos los partidos políticos excepto el PP, que
no apoyó la manifestación, el presidente de las Cortes, el Justicia
de Aragón (el defensor del pueblo), los secretarios generales de
las organizaciones agrarias, el alcalde de Huesca, los presidentes
de las tres diputaciones provinciales, el rector de la Universidad
y varios diputados y senadores acudieron a la cita.
La manifestación transcurrió en un ambiente reivindicativo y
festivo, en el que se corearon consignas y lemas contra el
trasvase, se cantaron jotas y se tocaron dulzainas, sin que se
registraran incidentes.
Matas expresa su «desconcierto» por la protesta y
reitera su oferta de diálogo
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, expresó ayer su
«desconcierto» por la manifestación convocada en Aragón para
protestar contra el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional
(PHN) y el trasvase del Ebro que este documento incluye, al tiempo
que reiteró la oferta de diálogo del Gobierno. Matas, quien visitó
la primera Feria Gremial 2000 de la localidad mallorquina de Alaró,
subrayó la «voluntad de diálogo y de consenso» del Ejecutivo
central y explicó que el Gobierno «ha querido abrir este gran
debate social antes de aprobar un proyecto definitivo».
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