Repsol y Cepsa, las dos principales petroleras asentadas en España,
llevan a cabo «prácticas prohibidas» que impiden la liberalización
efectiva del sector y convierten en papel mojado el paquete
liberalizador aprobado por el Gobierno el pasado 23 de junio,
evitando así que los consumidores puedan beneficiarse de descuentos
en los precios, según un informe del Servicio de Defensa de la
Competencia sobre el mercado petrolífero español.
En concreto, el Servicio de Defensa de la Competencia, que ha
remitido ya el informe al Tribunal de Defensa de la Competencia,
también dependiente del Ministerio de Economía, constata que tanto
Repsol como Cepsa fijan los precios a los que deben vender la
gasolina la mayoría de las estaciones de servicio a las que
suministran carburantes, práctica que vulnera la Ley de
Hidrocarburos y falsea la competencia.
Además, las dos operadoras imponen unos contratos de
exclusividad o abanderamiento por un plazo que en algunos casos
llega hasta 25 años, duplicando así al establecido legalmente hasta
diciembre de 1999, de 10 años de máximo, rebajado actualmente a 5
años con el nuevo reglamento comunitario. Según el SDC, estos
contratos impiden a las estaciones de servicio cambiar de
suministrador durante el periodo de vigencia del contrato y a los
operadores en competencia poder ofrecerles carburante en ese
periodo, lo que dificulta su entrada y supone 'de facto' el cierre
del mercado.
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