Galindo, condenado a 71 años de cárcel por el asesinato de Lasa y Zabala

La Sala condena a Galindo y Elgorriaga a 28 años y 6 meses de cárcel por cada uno de los dos asesinatos, y a 7 años por cada delito de detención ilegal. Vaquero ha sido condenado a 28 años por cada uno de los asesinatos, y a 6 años y 6 meses por cada secuestro. Condena a Dorado y Bayo a 27 años y 10 meses por cada asesinato, y a 6 años y un día por cada secuestro.

Los cinco condenados deberán, además, indemnizar, de forma conjunta y solidaria, con cincuenta millones a los herederos, 25 millones por familia. La Audiencia Nacional considera adecuada la cantidad por «los muchos años que han tardado las familias en conocer el paradero de sus hijos, con el dolor que la incertidumbre genera». Además, declara al Estado responsable civil subsidiario.

Señala que «las extralimitaciones de las personas dependientes del Estado no son óbice para estimar la responsabilidad civil subsidiaria, siempre que se haya producido en conexión con el servicio. Ello es lo que ocurre en este caso, cuando los acusados, miembros de la Guardia Civil y un gobernador civil, deciden luchar contra ETA de manera ilegal».

La sentencia señala que en 1983 Galindo y Elgorriaga, «al tener conocimiento de que en el Ministerio del Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el sur de Francia como una vía para acabar con el terrorismo, decidieron que ellos debían intervenir». Su misión debía ser «lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer».

Para la misión acordaron valerse de algunos guardias civiles destinados en el servicio de información de la Comandancia de Guipúzcoa, entre ellos, el capitán Angel Vaquero, el cabo Enrique Dorado y el guardia Felipe Bayo.