Las defensas de los siete acusados en el «caso PSV» y de los
presuntos responsables civiles "UGT e IGS" solicitaron ayer, en la
primera sesión de la vista oral, la nulidad del proceso por
entender que en la instrucción se vulneraron algunos derechos
fundamentales.
El juicio por el caso de la cooperativa de viviendas promovida
por UGT, PSV, comenzó ayer en la Audiencia Nacional, después de que
en diciembre de 1993 la promotora presentara suspensión de pagos
para evitar la quiebra, operación que afectó a más 19.135 socios
que habían aportado dinero para la construcción de inmuebles a
precios asequibles. Los acusados son Carlos Sotos, Paulino
Barrabés, Sebastián Reyna, Fermín Bretón, Francisco Hernández,
Jesús Aina y Primitivo Alvaro, para quienes las acusaciones piden
una condena de ocho años y dos meses de prisión para cada uno y una
indemnización de 18.587 millones de pesetas, por los delitos de
malversación de fondos y apropiación indebida. A lo largo de la
sesión, las acusaciones pidieron que se considere al Estado
responsable civil subsidiario por no haber inspeccionado la
cooperativa antes de la suspensión de pagos, «como era su
obligación».
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