El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cursó ayer la
orden de detención internacional con fines de extradición de 48
militares y policías argentinos acusados por delitos de genocidio,
torturas y terrorismo durante la dictadura argentina.
Entre los acusados contra los que se ordena la detención se
encuentran altos mandos del Ejército y de las Juntas Militares,
como el general Jorge Rafael Videla, máximo responsable del
Ejército y las Juntas Militares entre el 24 de marzo de 1976 y el
31 de julio de 1978 y el almirante Eduardo Massera, comandante en
jefe de la Armada, y máximo responsable de la ESMA, centro de
represión masiva en Buenos Aires.
El auto que el juez Garzón hizo público es una ampliación del
que recogía el procesamiento de 98 militares y policías argentinos
que se dio a conocer el pasado 2 de noviembre. En este escrito
quedó pendiente acordar las órdenes de detención internacional de
las 48 personas a las que hace alusión el auto de ayer.
Con esto, Garzón ordena la detención internacional, a efectos de
extradición de los procesados por los delitos de genocidio,
torturas y terrorismo cometidos durante la dictadura militar en
Argentina, tras el golpe de Estado del 23 de marzo de 1973. Con
esto, si los militares y policías acusados abandonan Argentina
serán detenidos y extraditados a España.
Garzón procesaba, en el auto del 2 de noviembre, a 98 militares
y policías argentinos y detallaba las torturas cometidas y la
desaparación de 10.000 personas. El juez mantenía que los
procesados cometieron un delito de genocidio, en cuanto que las
Juntas Militares impusieron un «régimen de terror basado en la
eliminación, calculada y sistemática de personas desde el Estado, a
lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de
guerra contra la subversión, en forma violenta con el fin de romper
la propia estructura del grupo nacional».
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